miércoles, agosto 18, 2010

De la Plaza de Mayo a Soacha Por: Arlene B. Tickner

Esta mañana leí esta columna y acentí en cada palabra. No podría estar más de acuerdo, así que les comparto el texto (que transcribo sin permiso).

El link original es este: http://www.elespectador.com/columna-219625-de-plaza-de-mayo-soacha

De la Plaza de Mayo a Soacha


Por: Arlene B. Tickner

Sin que haya sido su intención, un reportaje en la portada de El Tiempo sobre niños robados durante la guerra resalta una contranarrativa de la Política de Seguridad Democrática (PSD) que es importante rescatar y debatir.

A pesar de desfilarse ante el país y el mundo como un modelo exitoso de consolidación estatal y seguridad pública, la “triple sombra” del gobierno Uribe (parapolítica, falsos positivos y chuzadas) sugiere que de “democrático” no tuvo nada. En términos de pobreza, desigualdad y costos humanos generados por la violación de los Derechos Humanos, su balance también fue negativo.

Las estadísticas son elocuentes. La Comisión Colombiana de Juristas estima que durante los primeros seis años de PSD, más de 14.000 civiles murieron o desaparecieron por actos de violencia relacionados con el conflicto armado. Sólo en desaparición forzada, el Conpes 3590 de 2009 habla de 27.000 casos, mientras que la Fiscalía afirma que durante los últimos 20 años se han presentado 50.000, el mayor número entre 1982 y 1986, y 2002 y el presente. Se trata de una cifra superior al total de desapariciones de todas las dictaduras del Cono Sur y Brasil, siendo la de Argentina (1976-1983) la que mayores víctimas cobró —cerca de 30.000— versus 3.200 en el caso de Chile (1973-1990).

Por simple lógica se puede deducir que muchas de las víctimas de la violencia en el país tenían hijos y
que algunos de éstos fueron raptados y criados por sus verdugos, como ocurrió también en países como Argentina. Si bien Justicia y Paz ha esclarecido una docena de casos de niños robados, el número tiene que ser considerablemente mayor.

Colombia se lleva también la medalla de plata en desplazamiento (después de Sudán). Entre 2002 y 2009 un promedio de 300.000 de los colombianos más vulnerables fueron expulsados de sus tierras cada año. Ni hablar de los “falsos positivos”, que en su misma terminología disminuye la magnitud del hecho. Hasta 2.177 civiles inocentes fueron asesinados por miembros de la Fuerza Pública, en su mayoría bajo la vigilancia de la “seguridad democrática”.

Una pregunta que está por esclarecerse dentro de la estrategia de “prosperidad democrática” del gobierno Santos es el lugar que ocuparán en ella los Derechos Humanos. El Presidente advirtió en el discurso de posesión que habrá “cero tolerancia” ante su violación, no por imposición de otros países sino por convicción. Sin embargo, cómo corregir el legado de su antecesor queda por verse. Reescribir esta parte oscura de la historia oficial, como hicieron en su momento las madres de la Plaza de Mayo y como claman por hacerlo ahora las de Soacha (y tantas más) en el caso de la PSD, sería un primero paso.

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