Si, las exigencias del Comité Nacional del Paro, son muchas y tan variadas en alcance, temas, urgencias... creo que recogen las razones de un grupo muy grande de las personas protestando, pero por lo mismo, al combinar todas las demandas, no necesariamente representan todos los descontentos. Es una muestra de Colombia, mezclada, sin priorizar, y sobre la que necesitamos hacer acuerdos de qué es lo urgente, qué lo importante, y qué realmente, puede esperar un poco.
El documento al que hago referencia está en el siguiente enlace, y tiene fecha del 13 de diciembre de 2019:
http://www.indepaz.org.co/agenda-del-comite-nacional-de-paro-para-la-negociacion-con-el-gobierno-nacional/
Más como un ejercicio personal, y aunque nadie me ha preguntado, les comparto que pienso de cada una de estas solicitudes. No soy experta en nada, sólo soy un ciudadano que opina desde su propia experiencia. Mi educación formal es en ingeniería, y hay mucho que no se de Colombia. Agradezco a quien me quiera contestar, y ayudarme a ver lo que no estoy viendo. Me parece importante que hablemos de estas cosas en los almuerzos, en los pasillos, con los amigos al tomar una cerveza, en todas partes. Nos viene bien un poco de educación política, como nación, que empieza porque cada ciudadano se involucre en las discusiones de lo público. No sabemos hablar de temas difíciles porque por generaciones no lo hemos hecho. Pero podemos aprender, hablando.
Bueno, aquí voy. Este es sin duda el post más largo que he escrito, porque son 6 hojas de demandas. Me tomó varios días escribirlo. El texto en negro es la cita, el texto azul, mi opinión:
1. GARANTÍAS PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA PROTESTA SOCIA
Retiro del proyecto de ley estatutaria por el cual se pretende regular el artículo 37 de la Constitución Política, y abstenerse de promover cualquier iniciativa normativa que tenga como fin regular la protesta social.
De acuerdo. No se necesita más normativa, pues ya existe. El derecho está garantizado en la Constitución y ya existe normativa al respecto, en el código de policía, por ejemplo. La intención de estas nuevas regulaciones, es limitar el derecho a la protesta. Lo último que necesitamos.
Garantías para el ejercicio del derecho a la protesta social y la movilización, así como la libertad inmediata de las personas detenidas en las protestas y los presos políticos. Que la protesta social no tenga un tratamiento militar ni intimidatorio.
De acuerdo con casi todo. Me hace dudar. "los presos políticos", sólo si hace referencia a aquellos detenidos durante las protestas. No si estamos hablando de presos políticos del ELN, presos hace unos años, y otras situaciones que pueden interpretarse como "presos políticos" sin estar relacionadas con las protestas.
Garantías especiales dirigidas a acabar con la violencia contra las mujeres en los procedimientos de la fuerza pública en intervención a la protesta social.
Completamente de acuerdo con esto. Se requiere de "tolerancia cero" en todas las instituciones para cualquier tipo de violencia sexual hacia hombres o mujeres.
Implementación de la Resolución 1190 de 2018. Instalación inmediata de la Mesa Nacional de Seguimiento a la Protesta Social, activación de Puesto de Mando Unificado y reconocimiento y fortalecimiento a misiones de verificación.
Esta me tocó googlearla. https://www.mininterior.gov.co/la-institucion/normatividad/resolucion-1190-del-3-de-agosto-de-2018
Descripción de la Norma: Pues la cual se adopta el "Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica como un ejercicio legítimo de los derechos de reunión, manifestación pública y pacífica, libertad de asociación, libre de circulación, a la libre expresión, libertad de conciencia, a la oposición y a la participación, inclusive de quienes no participan en la protesta pacífica"
Número de la Norma: 1190 del 3 de agosto de 2018
Fecha de Entrada de Vigencia: Sábado, Agosto 4, 2018 - 7:00pm Tras leer la resolución, estoy de acuerdo con que sea una petición del Comité del Paro. Se da contexto de cómo la protesta social es un derecho, y requiere de protección. Esto incluye protección para los que no están protestando, algo de lo que se ha hablado mucho en estas semanas. Una vez definidas las políticas, la resolución requiere que se capacite a todo el mundo en las políticas. (Aclaro, esto no es lo mismo que la regulación de la protesta, es de protección al derecho de la protesta)
Es decir, la necesidad de definir qué está incluido en el derecho y qué no, y cómo se protegen los derechos, ya había sido identificada. Pero aún está pendiente el detalle, la implementación y socialización. Urge hacerlo.
Por dar un ejemplo, yo creo que es aceptable que la protesta se tome las calles y pare el transmilenio temporalmente. No creo que es aceptable que se puedan saquear tiendas.
Expedición de directivas precisas a los Gobernadores y Alcaldes para la implementación territorial de la Resolución 1190 de 2018.
De acuerdo, por lo indicado en el punto anterior.
Las fuerzas antimotines existen (en el mundo), pues hay situaciones en que la protección de los derechos de los ciudadanos, las requiere.
Lo que no es aceptable es el abuso que comete el ESMAD hoy casi a diario en Colombia, o que se use el ESMAD para reprimir la protesta social. Tampoco es correcto que sea una práctica común del ESMAD infiltrar las marchas y las reuniones pacíficas de ciudadanos, y la infinidad de abusos cometidos a la vista y cuando nadie los está viendo.
Desafortunadamente, no veo viable reformar una institución como la actual Policía Nacional, para lograr que las prácticas de abuso se acaben. En esa medida, desmantelar implica para mí, que se cree una fuerza con personal nuevo, adecuadamente formado y en el que exista cero tolerancia al abuso que hemos visto.
Lo ideal es que la implementación de la Resolución 1190 de 2018 explique claramente a los mandatarios locales, por qué NO pueden usar el ESMAD para "evitar" la protesta social.
Revisión del Código Nacional en cuanto a las facultades que se otorgan a la policía para imponer los mal llamados “traslados por protección”. Inaplicación inmediata de los “traslados por protección”.
Celeridad y efectividad en las investigaciones y procesos judiciales que recaen sobre responsables de graves violaciones a los Derechos Humanos y amplia difusión de sus resultados. Con enfoques diferenciales de género, derechos de las mujeres, étnico y territorial.
Completamente de acuerdo. No puede haber impunidad en el abuso, ni excusas para que la fuerza pública pueda cometer atropellos contra los ciudadanos. En un país como el nuestro, es mejor "no dar papaya" y facilitar cualquier situación que se pueda convertir en una desaparición.
El monopolio de las armas en las fuerzas armadas, implica exigir de las fuerzas armadas un estándar ético mucho más alto que cualquier otro actor. Esto para mi es casi obvio, pero no parece ser una idea popular.
El traslado de todas las investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales que son conocidas por la justicia penal militar, a la unidad de DDHH y DIH de la Fiscalía. Desarrollar procesos de investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de los homicidios, torturas, heridas y detenciones arbitrarias que se presentaron en desarrollo de la participación en las jornadas de movilización y protesta en el marco del paro nacional de 2019, y remitir un informe al Comité Nacional de Paro el cual debe contener enfoques diferenciales de género, derechos de las mujeres, étnico y territorial.
Lo que como ciudadano querría es que no haya impunidad en los abusos. De ahí la marcha de apoyo a la JEP, y la exigencia de respuestas en los casos de abuso cometidos durante estas marchas más recientes. Se pide transparencia en las investigaciones, y acciones disciplinarias o penales, según aplique. Se pide tener presente que algunos grupos reciben tipos de violencia distintos, y que no son aceptables.
Un informe al Comité del Paro, no sé si sirve de algo, pues al final, no se puede hablar del "Comité del Paro" como una organización. Diría más bien, los ciudadanos, queremos ver los resultados.
Pero esta demanda es mucho más compleja y larga, y está muy ligada al proceso de paz y otras dinámicas que están sucediendo en Colombia hoy. Conocer la verdad y que se haga justicia nos llevará tiempo.
Desarrollar procesos de investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de la muerte de Dylan Cruz, de los líderes y lideresas sociales asesinados, desaparecidos y amenazados.
Adelantar procesos de atención, rehabilitación y reparación por las afectaciones físicas y psicológicas de las personas que fueron heridas por la acción arbitraria de la fuerza pública.
De acuerdo con esta solicitud. Como sociedad, no soportamos más impunidad en general, ni la impunidad al abuso de las fuerzas armadas. Creo que esto es una constante sobre todo el documento y sobre el sentir de todos. Por favor no respondan con la pendejada de que las FARC mató mucha gente. ¡Pues claro! Es que duelen todos los muertos. Pero no se puede justificar un abuso con otro. El ciclo tiene que terminar.
Y vuelvo e insisto: El monopolio de las armas en las fuerzas armadas, implica exigir de las fuerzas armadas un estándar ético mucho más alto que cualquier otro actor.
Libertad inmediata de las personas que están privadas de la libertad por su participación en las jornadas de Paro Nacional. No judicialización de quienes han sido retenidos y se encuentran en libertad.
Totalmente de acuerdo. Participar en una jornada de paro, no es un delito. No, no aplica para EPA Colombia, quien entre otras, ya aceptó sus cargos. Aquí lo que se pide es garantías para la protesta social, no impunidad en casos de delitos. Si no ven la diferencia, pues es justo ahí, dónde radica el problema. Protestar no es delito.
2. DERECHOS SOCIALES
Política pública que elimine la tercerización laboral y propenda por la formalización laboral y trabajo decente.
Algo que me llama la atención es que el Estado contrata gran parte de su personal con contratos de servicios. Lo entiendo, pues en muchas situaciones hay razones por las cuales los funcionarios de carrera no son los más adecuados para hacer los trabajos. Pero, el problema de la informalidad en el empleo, y el subempleo, tiene muchos componentes. Que no se cumpla con reglas básicas de empleo formal en entidades oficiales, habla mucho del poco compromiso que existe con formalizar el empleo y lograr empleo de calidad.
La tercerización, los contratos de servicios, es una respuesta del mercado que busca bajar costos. La informalidad también. Mientras estas cosas no esten adecuadamente reguladas, en general, el mercado no va a voluntariamente tratar de cambiarlo.
Creo en que se necesita regulación, a los bancos, las grandes empresas, los grandes capitales. Que la regulación debe considerar que la mayoría de empresas en Colombia son PYMES y que la dinámica en estas empresas es distinta. El capitalismo es el modelo que tenemos y que en muchos escenarios funciona, pero, requiere regulación. Un Estado Social de Derecho, implica, justamente, esa regulación. Pero lo que se percibe, como ciudadano, es que el Estado está al servicio de los grupos económicos, sin ningún interés en comprometerse con temas sociales frontalmente. Es lo que como ciudadanos reclamamos, y explica esta petición del Comité del Paro
Estoy de acuerdo que se requiere ajustes para lograr condiciones de trabajo dignas para todos, y que esto sólo se consigue con trabajo sostenido con esa meta, de forma constante y consistente.
Garantías de seguridad social y condiciones de trabajo para los trabajadores y trabajadoras en situación de precariedad, entre ellos especialmente los y las jóvenes, o trabajadores de oficio (recicladores), la industria manufacturera u otros en especial situación de precariedad.
En Colombia sorprende la cantidad de personas que trabajan en condiciones precarias, inhumanas. Nuevamente, se requiere regulación para evitar que suceda. Empieza porque no nos parezca normal, o aceptable. Por que no repliquemos modelos de abuso en nuestras relaciones cotidianas que permiten estas situaciones.
Me impresiona lo frecuente que se oyen cosas como que no se debe "patear la lonchera". O empleadores diciendo a sus empleados "que cuiden el trabajo", como formas de callar cualquier diferencia de opiniones. Eso es justamente, el abuso, que crea las condiciones inhumanas. Insistir en pagar a la gente un jornal del día calculado con el salario mínimo sin prestaciones laborales, es otra clásica del abuso normalizado.
Si a la sociedad en conjunto le parece normal estas condiciones precarias, no hay mucha esperanza de que tengamos normatividad que la regule. El día que el clasismo deje de ser el deporte nacional, habremos avanzado. No puedes tratar a tus empleados como siervos medievales (principalmente porque no eres un lord feudal).
Pacto social y político por el derecho fundamental a la salud, universal, gratuito, de calidad y sin barreras:
-La financiación de la red pública hospitalaria estará a cargo del Estado.
-Eliminar la intermediación de entidades privadas en la red pública de salud; las actividades y recursos de salud deben manejarse a través de instituciones públicas.
-Formalización de los trabajadores y trabajadoras del servicio de salud, en un periodo no superior a seis meses, garantizándoles estabilidad laboral, y condiciones dignas de trabajo.
-La nómina de los trabajadores y trabajadoras de las Empresas Sociales del Estado será responsabilidad directa del Estado.
Reformar las normas pertinentes en materia de salud, contenido en la ley 100 de 1993 y normas afines.
Alguien me envió recientemente un artículo: La Constitución del 91, una victoria del neoliberalismo en Colombia, en que se hace responsable a la Constitución del 91 de temas como la Ley 100 y la "degradación" de la salud y la educación. Es cierto lo que plantea, en la medida en que la norma no se consideró inconstitucional, y por tanto, se materializó.
No estoy de acuerdo en que la Constitución convirtió la salud en un servicio. El concepto de salud como negocio, que creo hemos copiado todos de USA, es protegido por muchos intereses. Y ha demostrado que resulta en multimillonarias fortunas para farmacéuticas, intermediarios, y muchas personas. Pero no es beneficioso para la sociedad.
No creo que podemos decir que el servicio de salud era bueno en Colombia para todos antes del 91. Creo que podemos decir que es malo, para la mayoría, hoy.
Si se requiere una reforma estructural. Y si, esta puede venir del Gobierno central (como el Ministerio de Salud), del Congreso con reformas significativas a la normatividad, etc.
Definición de una tasa de interés para los créditos de vivienda, justa y acorde a los ingresos reales de las personas que quieren adquirir vivienda propia. Con enfoques diferenciales de género, derechos de las mujeres y étnico.
De acuerdo con que Colombia necesita este tipo de normativa. Hay dos formas de hacerlo: Subsidios, y regular bancos. Si creo que los subsidios deben considerar a quienes están en "desventaja", primero. Esto incluye, justamente, los enfoques diferenciales.
Algunos subsidios existen, y seguramente se requiere más trabajo en lograr que quien lo necesita, tenga acceso. Estos programas deben ser permanentes, constantes. Sueña uno con escenarios como el de Finlandia. Pero bueno, hay que avanzar, sin descanso. Esto es algo que se puede pedir a los gobiernos locales también. No es un tema sólamente de gobierno central.
En el tema de regular Bancos, creo que estamos muy lejos aún, pues sus intereses permean todo el gobierno. Algunos paises nordicos lo han logrado. Pero si, tengo claro que es Cundinamarca y no Dinamarca.
Dignidad laboral y pensional para los y las artistas y trabajadores y trabajadoras de la cultura, creando condiciones para su acceso efectivo al sistema de seguridad social integral, utilizando los recursos de la estampilla procultura para su acceso al sistema pensional y no a BEPS.
Es recurrente el tema del trabajo digno en las peticiones del Comité del Paro. En este caso, a personas que trabajan en la cultura. Son ocupaciones que terminan siendo "informales", sin acceso a la seguridad social básica. El punto es que se requiere un esfuerzo consciente y constante, para lograr trabajos de calidad en todos los sectores.
Estoy de acuerdo con el descontento general sobre el sistema pensional. Hace años dejé de cotizar, consciente de que la única pensión posible, es lo que logre ahorrar. Tengo al menos, la opción de ahorrar(soy muy afortundada, si me comparo con otros colombianos). Entiendo porque no quieren los trabajadores de cultura que les obliguen a hacer aportes a BEPS. Esa platica, se va a perder.
Garantizar la contratación de artistas nacionales en la realización de eventos y producciones financiados con recursos públicos, así como más y mejores oportunidades de empleo.
Además del tema del trabajo digno, aquí aparece la "protección a la industria nacional". Si creo que esto debería ser una política, en general, procurar el desarrollo de industrias nacionales a partir de su apoyo y promoción. Nuevamente, es algo que se puede hacer a nivel local y más importante, como ciudadano. No compre frutas importadas, no piratee los músicos nacionales, prefiera comprar en una tienda y no en cadenas internacionales. Las posibilidades son infinitas. Es nuevamente, tener claro el objetivo y ser consistente en las acciones para lograrlo.
El Estado Colombiano debe garantizar la atención y tratamiento oportuno, gratuito, de fácil y universal acceso, con calidad humana y científica a las y los adolescentes, jóvenes, mujeres, personas con identidades de género diversas, personas con discapacidad, personas mayores que viven y conviven con VIH sin ser juzgados(das), ni discriminados(das).
Sin duda, cualquier persona debe tener a acceso a salud en condiciones mínimas. Creo que el acceso a la salud es un derecho de cualquier persona (no solo de las que lo pueden pagar). Creo lo mismo con la educación. Sea cual sea la enfermedad que cada persona tiene. En el caso específico del VIH, esta ya no es una enfermedad mortal, puede ser tratada y se convierte en una enfermedad crónica. Todas las personas deberían tener acceso a este tratamiento.
Realizar periódicamente investigaciones científicas, generar información estadística y pedagogía asociada al VIH y SIDA.
Estoy de acuerdo con esta petición. No pueden definirse políticas públicas adecuadas si no se tiene información recogida de forma adecuada. Tampoco se logra aplicar las políticas si las personas que deben recibir sus beneficios, no saben ni que las políticas existen. En esa medida, casi que es un tema de lograr calidad mínima razonable en las políticas públicas en temas de salud, y sobre eso, construir.
Inclusión en los currículos académicos de profesiones del área de la salud y otras áreas relacionadas, como trabajo social y psicología, formación en temas de prevención en violencia obstétrica y ginecobstetricia, parto respetado, parto fisiológico, derechos sexuales, derechos reproductivos, duelo gestacional y perinatal, lactancia natural basada en evidencia científica actualizada, mecanismos de participación e incidencia política para la defensa, exigibilidad y reivindicación de derechos.
Implementación y presupuestos para la promoción de los derechos sexuales y los derechos reproductivos y la educación para la sexualidad que posibilite el desarrollo de la autonomía de las mujeres, las niñas, adolescentes y jóvenes y posibilite relaciones libres de todas las formas de violencia, entre ellas la violencia obstétrica.
Estoy de acuerdo con esta petición. Esencialmente, es garantizar que los profesionales de salud conozcan y respeten los derechos de sus pacientes, en vez de sólo imponer su criterio (con mucha frecuencia influenciado negativamente por una religiosidad mal entendida). Esto se logra con educación, como lo pide esta solicitud, pero también con regulación. Los profesionales de salud que no respeten los derechos de sus pacientes, deben tener algún tipo de sanción, hasta que simplemente, se entienda que negar derechos no es aceptable. La sociedad ya no quiere médicos que se creen dioses o que tratan a sus pacientes como infantes.
La atención integral en salud debe tener un enfoque diferencial de género, derechos de las mujeres, étnico y territorial de acuerdo con la ley estatutaria 715 y la política de atención integral en salud (PAIS) en la atención a todas las personas que habitan en el territorio colombiano especialmente a las personas en mayor en situación de vulnerabilidad (LGTBI, Mujeres, personas viviendo con VIH/SIDA ITS, víctimas del conflicto sexual particularmente)
Esta petición continúa la línea de proteger a quienes están en desventaja, en acceso a servicios de salud, y el respeto de los derechos de los pacientes. Tengo que estar completamente de acuerdo con la necesidad de que se mantengan políticas para garantizar salud a cada uno de los habitantes del país.
Reconocimiento y garantía de los derechos económicos de las mujeres como avance en acabar con las brechas de la desigualdad social y la feminización de la pobreza.
Hace un tiempo escribía un poco sobre esto, cómo las mujeres avanzamos lentamente en lograr esa igualdad económica. Hasta hace muy reciente, la normatividad en Colombia, permitió a las mujeres tener propiedad, y definir su destino. Pero de la norma al hecho, aún falta mucho. Son muchas las mujeres que no tienen independencia económica, y con ello, se hacen vulnerables y muchos abusos.
Completamente de acuerdo con la necesidad de crear y mantener políticas que permitan llegar a tener mujeres con derechos económicos.
Aplicación de los convenios 190 (acoso laboral y sexual) y 161 (servicios de salud en el trabajo) de la OIT, en la política laboral nacional con enfoque de género y derechos de las mujeres.
De acuerdo, aquí, interpreto que lo que se pide es que no exista impunidad, que se cumpla la mínima regulación que garantiza derechos a las mujeres. Es un objetivo que debemos mantener, como sociedad, por el bien de todos.
Dar efectiva aplicación a la política de emigración e inmigración con enfoque de Derechos Humanos.
Nuevamente, se busca proteger los derechos de todos, especialmente de los más vulnerables. Hay muchas razones que llevan a una persona a emigrar, convertirse en inmigrante en otro lugar. El tener que irse, o llegar a un sitio desconocido, hace a cualquier persona más vulnerable.
Creo que ya he insistido bastante, pero permítanme hacerlo de nuevo. Las sociedades tienen el deber de proteger a sus miembros más vulnerables.
3. DERECHOS ECONÓMICOS
Retiro de Colombia de la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico-OCDE
Y aquí tenemos el primer punto en que no estoy de acuerdo. Creo que pertenecer a la OCDE nos obliga a tener estándares más altos, y eso es bueno.
Eliminación de la brecha salarial entre hombres y mujeres.
De acuerdo. Un objetivo global, que requiere de acción consistente y constante. Se puede trabajar a nivel de gobierno central, local, y en cada organización o grupo. Un compromiso que requiere de trabajo a muchos niveles.
Garantizar al sector del transporte terrestre en todas sus modalidades la reposición uno a uno del parque automotor.
Si creo que debe haber políticas públicas para garantizar el transporte, regularlo, como un servicio público. (Si, aquí me separo de la solicitud del Comité del Paro de hablar de transporte, y me voy a "transporte público", que creo, debe ser la meta). En la mayoría de países del mundo, el transporte público está fuertemente subsidiado por el estado. En Colombia, la normatividad existente evita el subsidio(aunque termina dándose cuando se tienen que asumir los déficits de los sistemas de transporte público), sumado a entidades de control que no están realmente pensando en el mejor servicio público. Transmilenio, por dar un ejemplo. No tenemos transportes públicos de calidad. Nos faltan trenes, nos faltan barcos. Las carreteras no son la única opción. En muchos casos, no son la opción más eficiente.
El transporte se requiere para mejorar la calidad de vida, para el desarrollo económico. Es claro que se necesita. ¿Debe el estado reponer vehículos? Bueno, habrá que ver cada caso, pero no tiendo a estar de acuerdo con la reposición pagada por el estado, creo que no es por ahí la solución al problema. Esa reposición en este escenario es un subsidio a un pequeño propietario, cuando probablemente, no deberíamos tener pequeños propietarios en el transporte público.
El Gobierno no adelantará proceso alguno de privatización o enajenación de bienes del Estado independientemente de su participación accionaria.
Ecopetrol debe ser una empresa 100% estatal.
Tengo sentimientos encontrados en estos dos puntos. Cuando hay empresas que son del estado, las entiendo como que prestan servicios o manejan activos que son "de todos", que su protección es de interés general. Por eso, se conforman como entidades públicas.
Sin embargo, sabemos que una entidad pública, en un país como el nuestro, es más fácilmente capturada por la corrupción y se hace ineficiente. En esa medida, tener un poco de "control privado", que está más pendiente de la utilidad y por lo mismo, de la eficiencia, puede no ser algo malo. Puede incluso garantizar inversión adicional que se requiera para la sostenibilidad y el crecimiento de la empresa. Así que, no necesariamente estoy de acuerdo con la regla de que estas empresas deben ser 100% estatales.
En la transición, es cierto que algunas ventas de entidades públicas son escenarios de corrupción: vender a privados activos a menos del precio del mercado. Estos escenarios, no son aceptables. De nuevo, se vuelve un tema de, ver cada caso con detalle.
Aumento del presupuesto de Cultura a mínimo el 2% del Presupuesto Nacional.
El presupuesto de la cultura, en mi opinión, va muy cerca de presupuesto de educación. En general, creo que el país debe disminuir el gasto en militares y subirlo en educación, cultura y ciencia. No se si el número adecuado sea 2%. Ahí me queda pendiente la tarea de revisar temas presupuestales con más detalle. Ya me pondré en ello para otro blog.
Eliminación del impuesto 4 por mil
Los impuestos se necesitan, y hay que pagarlos. Se pueden recaudar de múltiples formas. ¿Por qué se quiere eliminar este en particular? Creo que porque siempre se vendió como un impuesto temporal, y como ciudadanos nos sentimos un poco engañados después de años y años. No creo que el 4xmil sea un impuesto más diabólico que los demás.
Creo que en Colombia, el tema de impuestos es muy emocional. No se quiere pagar impuestos "para que se los roben", entonces, eso justifica que el ciudadano común no los pague. Tampoco pasa nada si uno no los paga, impunidad en esto, como en casi todo. En un círculo vicioso, que no termina. Yo no he evadido impuestos nunca (trampear para no pagarlos, vender sin factura, etc), pero si con frecuencia me “financio” con la DIAN, pagando tarde los IVAs o los retefuentes. Termina siendo un crédito rotativo de capital de trabajo, instantáneo (por aquello de que los bancos no me prestan) Eso no es una buena práctica, tampoco. Ahí, me corresponde aceptar el error y actuar acorde. Me pondré al dia en el 2020, solemne promesa.
Avanzar en la lucha contra la corrupción puede mejorar el recaudo de impuestos. Creo que a la gente le dolería menos pagar, si viera el dinero invertido adecuadamente.
Implementación de políticas públicas para el fomento y fortalecimiento de las entidades Cooperativas y Solidarias.
Revisión del marco normativo que obstaculiza la creación y desarrollo de las entidades cooperativas y solidarias.
Priorizar en los fondos de emprendimiento los proyectos asociativos cooperativos y solidarios.
Promoción de la educación solidaria en todos los niveles de formación.
Aquí creo que se regresa a buscar la protección de los más vulnerables. Es un objetivo con el que estoy de acuerdo. Lograr proyectos asociativos, permite a los grupos vulnerables independencia económica y disminuir su "vulnerabilidad". Apoyar este tipo de proyectos, es un beneficio para todos, como conjunto. Así que, estoy de acuerdo con esta petición del Comité del Paro.
4. ANTICORRUPCIÓN
Trámite inmediato en el Congreso de la República de los proyectos de ley anticorrupción y garantía de aprobación de estos.
Pues, curiosamente, voté no a varias de las propuestas del referendo anticorrupción. No creo que las leyes anticorrupción, como se están planteando, sean buena idea.
Estamos de acuerdo que acabar la corrupción debe ser un objetivo nacional. Pero no estamos de acuerdo que los contenidos de estas leyes sean la forma de implementarlo.
Un ejemplo: el referendo hablada de hacer contratos tipo. Yo he trabajado con el estado en contratos de tecnología, que son complejos aún con los detalles que se incluyen. No puedo imaginar lo difícil que sería tener uno de estos contratos, con un pliego tipo. Contratar con el estado es ya tan complicado, que las empresas en general, inflan los precios mucho más de lo que harían con un privado, simplemente porque se debe incluir el costo de los retrasos, retrabajos e infinitas ineficiencias. Poner más controles, solo va a “subir los precios” aún más de todos los contratos, sin evitar la corrupción.
5. PAZ
Implementar en las políticas públicas nacionales y regionales la Cultura de Paz, con enfoque de género y derechos humanos de la mujer.
Desarrollar un programa Nacional de cultura y arte para la Paz, la memoria y la convivencia.
Tenemos, afortunadamente, varios ejemplos en que la cultura y el arte ha ayudado a la reconciliación en las regiones. Un país que lleva un siglo de guerra, es uno con personas que requieren atención psicosocial (y me incluyo entre ellas). Estamos todos un poco locos, después de esta guerra sostenida. Y la cultura y el arte, ayudan a lograr esa sanación emocional, muy necesaria para poder avanzar a nuevas y más saludables etapas de la vida. Estoy completamente de acuerdo con que este sea un objetivo nacional y por lo mismo, con esta petición del Comité del Paro.
Garantizar el cumplimiento e implementación integral de los acuerdos de paz firmados en La Habana. Implementando enfoque trasversal de género, mujer, familia, generación, étnico y territorial.
No tengo duda de que este debe ser un objetivo nacional. De hecho, soy una de esas personas convencidas de que hubo fraude en el referendo por la paz, y que de haber sido transparente, el SI habría ganado con creces. El tiempo dirá, si tengo razón en este particular.
Dar funcionamiento a la Comisión de Seguimiento Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de PAZ – CSIVI
Cesar definitivamente cualquier intento de reformar mediante ley o acto legislativo, el Acuerdo de Paz.
Presentación, previa discusión en la CSIVI, al Congreso de la República, con moción de urgencia, de los proyectos de acto legislativo y de ley, que hacen falta para la implementación normativa del acuerdo de paz y garantía de respaldo por los partidos de Gobierno.
Estoy de acuerdo con que es mejor una paz imperfecta que volver a la guerra. Cumplir los acuerdos como están. Negociar con el ELN. Necesitamos avanzar.
Garantías efectivas para la reincorporación económica, social y política, tierra para excombatientes, protección y seguridad, reconocimiento e interlocución con el partido FARC.
Esto hace parte del acuerdo. Así que, si, estoy de acuerdo con esta solicitud.
Adecuación del presupuesto para la paz de conformidad con el Plan Marco de Implementación y el Acto Legislativo 01 de 2016.
Promoción de la inclusión de las disposiciones de paz territorial en los Planes de Desarrollo Municipal y Departamental. Realizar para ello la discusión con Alcaldes y Gobernadores.
Retomar la agenda firmada por el Gobierno colombiano y el ELN.
Respeto a los protocolos firmados por el gobierno nacional y el ELN, y la continuación de los diálogos de Paz, con base en la agenda pactada y firmada.
El Estado promoverá diálogos con todos los grupos armados para la consecución de la Paz.
De acuerdo en la necesidad de mantener los acuerdos de paz, buscar la paz duradera y mantener diálogos con otros grupos armados. Ya hemos probado que la vía militar no va a resultar. No tiene sentido seguir insistiendo.
Desmantelará los grupos paramilitares.
Paramilitares ya no son "otro grupo armado" del conflicto. Son bandas criminales. (Nos falta mucho aún por saber sobre sus estructuras y cómo están vinculadas al ejército).
Pero, para lograr territorios en que no existan estos grupos armados ilegales, sin importar su tinte político o su medio de financiarse (narcotráfico, minería ilegal, etc), el Estado tiene que llegar con servicios a todo el país. Y eso no significa tener un policía en cada pueblo. Significa tener policías, notarios, jueces, escuelas, hospitales, servicios sociales, infraestructura, comunicaciones, servicios públicos, apoyo al desarrollo económico de la región...
6. DERECHOS HUMANOS
Replantear y modificar la doctrina militar y la política de seguridad y defensa. Depurar de la Fuerza Pública a los agentes vinculados a presuntas violaciones de Derechos Humanos.
No se como van a implementar esto, pero estoy de acuerdo en la necesidad de hacerlo. La policìa y el ejercito en Colombia son instituciones que por años han desconocido su papel en proteger a los ciudadanos. Lograr que se entienda su función, no será tarea fácil. Pero es necesaria. Honestamente creo que, lo que vamos a ir conociendo, a medida que se avance en los procesos por ejemplo de la JEP, la Comisión de la Verdad, pondrá en perspectiva la gravedad de lo sucedido. Ya no podrá la sociedad solo ignorar lo que ha pasado, tendremos que enfrentarlo, y cambiarlo. Así que, tengo fe en que avanzaremos. Y estoy de acuerdo, esta petición debe ser un objetivo nacional.
El desmonte total de las estructuras paramilitares y la judicialización penal de sus actores, con una veeduría internacional que garantice la transparencia de dicho proceso. Realizar investigaciones eficaces que revelen los vínculos entre diversos sectores económicos, políticos, y militares con los paramilitares.
Este punto se había mencionado antes. Y si, estoy de acuerdo con que debe ser un objetivo nacional. Vendrá con el conocimiento de la verdad, y previo a la reconciliación.
Reconocimiento integral por parte del Estado de la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, la eliminación de las batidas militares con fines de reclutamiento y reformulación ley 48 de 1993 en función del reconocimiento del servicio social alternativo para la paz.
Siempre he pensado que alguien que porta un arma, es porque se siente capaz de matar a otra persona. No veo sentido en que se obligue a alguien a portar un arma.
El servicio militar obligatorio no tiene sentido, que se unan a las fuerzas armadas los que deseen hacerlo. Esta no es una política que genera beneficios para todos. Es más un año de trauma innecesario para los jóvenes a los que les toca prestar servicio.
Construcción participativa de una política pública integral de respeto y garantía para la defensa de Derechos Humanos.
Implementación de la normativa en materia de Garantías para la defensa de Derechos Humanos en Colombia:
- Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política – SISEP (Decreto 895 de 2017).
- Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los territorios (Decreto 660 de 2018)
- Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida SAT de la Defensoría del Pueblo, (Decreto 2124 de 2017)
Si, el tema de derechos humanos hay que trabajarlo mucho en este país. Aquí hay enlaces a los tres decretos mencionados:
- Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política – SISEP (Decreto 895 de 2017).
- Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los territorios (Decreto 660 de 2018)
- Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida SAT de la Defensoría del Pueblo, (Decreto 2124 de 2017)
Del sistema de alertas hemos oído mucho. No se si es que el personal de comunicaciones de la Defensoría es muy eficiente, pero se ve sus alertas en los medios. No pasa igual con las implementaciones del SISEP o del Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades.
Al leer los decretos, creo que incluyen todo lo que esperaríamos de estas políticas. Están escritas con todo lo que desearía que tuvieran, al punto de que suenan irreales de lo perfectas que se ven en papel.
Ya como ciudadano, mi cuestionamiento va a, ¿cómo puedo hacer seguimiento de estas implementaciones y reclamar cuando no se estén cumpliendo? ¿Cuales son las fuentes que debo empezar a seguir, y cómo hacer control sobre el avance?
7. DERECHOS DE LA MADRE TIERRA
Definición de las políticas ambientales, minero-energéticas, de protección de páramos, demás ecosistemas esenciales para la vida y de la biodiversidad, con las comunidades indígenas, población negra, campesinos, habitantes del territorio, habitantes de páramo, organizaciones ambientales y sindicatos del sector.
No he notado un movimiento significativo de personas negando los cambios climáticos en Colombia. Aquí parece que estamos de acuerdo en que la emergencia existe, y que hemos afectado muy negativamente el ambiente. Nuestra discusión está más entre que la dirección de que el desarrollo económico requiere de ese sacrificio en recursos naturales, y que no es aceptable la destrucción sin importar la excusa. El mundo entero se va moviendo, lentamente, hacia el camino de desarrollo sostenible, entendiendo la importancia de la protección del medio ambiente. Estoy de acuerdo con esta solicitud del pliego del Comité del Paro. Esta debe ser una prioridad nacional.
Reconocimiento al carácter vinculante y decisorio de las consultas populares y los acuerdos municipales en defensa del agua, la vida y el territorio.
Creo que esta petición tiene mucho de que se proteja a los más débiles, de aceptar que las comunidades no están de acuerdo con que el desarrollo económico sea más importante que el medio ambiente, y con la necesidad de no poner los intereses económicos sobre los derechos de los ciudadanos. En Colombia, desafortunadamente, hay ese sentimiento de que los "pobres" son "como niños", que no pueden decidir por sí mismos y que hay que decirles que hacer, llevarlos de la mano o a rejo, como sea necesario. Esa falta de respeto con los ciudadanos, hay que acabarla. No es aceptable.
Prohibición total del Fracturamiento Hidráulico (fracking) y cancelación de los proyectos pilotos.
Declaración de emergencia climática y ecológica; avance decidido en la transición energética justa, cambiando el modelo energético de manera progresiva, que respete los derechos de la naturaleza y los Derechos Humanos.
Reconocimiento del agua como derecho humano fundamental, bien público y común, garantizando su flujo natural.
Protección de las selvas y la Amazonía como sujeto de derechos. Garantizar la protección de ecosistemas estratégicos, incluyendo el territorio Amazónico, a partir de modelos concertados entre el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, con las comunidades campesinas y étnicas del territorio, la ordenación del territorio en términos socioambiental, tomando como instrumento de planeación la Zonificación Ambiental Participativa (ZAP) y fortaleciendo la confirmación de Zonas de Reserva Campesina y Resguardos Indígenas.
Estos puntos, relacionada con algunos anteriores. Cuidado del medio ambiente, y derechos de los ciudadanos por encima de los intereses económicos. Es un reto en todas partes del mundo, y aquí también debe ser un objetivo nacional.
Percibo además que considerar los ríos como sujetos de derecho, por ejemplo, abre caminos jurídicos para permitir la protección de selvas, páramos, ecosistemas. Yo me pasé varias semanas muy orgullosa con esta sentencia de los ríos, que me pareció sorprendemente “progre” para Colombia. ¿No les pasó?
Prohibición del uso del glifosato para la fumigación de cultivos de uso ilícito.
Aquí, además del ambiente y el derecho de los ciudadanos, está el tema de la guerra contra el narcotráfico. Creo que esa guerra va a estar siempre perdida, y más nos vale no darla.
En mi opinión, el único camino aquí es la legalización y el tratamiento de la adicción como una enfermedad.
Prohibición de actividades de alto impacto y de mediana y gran minería en los páramos y otros ecosistemas esenciales para la vida, respetando las actividades ancestrales de las comunidades rurales que han habitado estos territorios históricamente.
Este punto, relacionada con algunas anteriores. Cuidado del medio ambiente, y derechos de los ciudadanos por encima de los intereses económicos. De acuerdo, como he dicho antes.
Firma, ratificación e implementación del Acuerdo de Escazú.
El Acuerdo de Escazú, en mi entendimiento, garantiza a los ciudadanos interesados la información sobre temas ambientales, para que puedan participar en las decisiones que les afectan. El acceso a la información, es a mi juicio, el primer paso en lograr transparencia. Así que, sin ninguna sorpresa, estoy de acuerdo con esta petición. En mi opinión, Colombia debe ratificar e implementar el Acuerdo de Escazú.
Formulación de una nueva política ambiental que contemple la reforma al Sistema Nacional Ambiental – SINA y al proceso de licenciamiento ambiental, con enfoque proteccionista.
Construcción de una política de gestión integral de residuos sólidos que tenga en cuenta las asociaciones de recicladores y prohíba los plásticos de un solo uso.
Se que hay algunos avances en estos puntos. Sentencias de la corte que van abriendo el camino. Pero estoy de acuerdo con que sean objetivos nacionales.
Mucho de que logremos estas reformas, requiere de un Congreso distinto. Hoy, muchas de las “curules” se compran. Los honorables representantes no tienen miedo de que el electorado les quite el voto por apoyar propuestas impopulares o incluso dramáticamente en contra de los votantes. Tenemos un largo camino por recorrer aquí.
Conformación de Mesa de conflictos por extractivismo y transición energética.
Esta idea de una Mesa de conflictos, me dió ideas. No se realmente cual es el alcance que el Comité del Paro le está dando, pero yo imaginé escenarios en que se tienen profesionales en negociación y resolución de conflictos, dando elementos a los miembros de la mesa, de cómo lograr acuerdos aceptables para todos. Este ejercicio se puede llevar, no solo a temas ambientales, sino a múltiples situaciones de conflicto que tenemos en Colombia. ¿Se imaginan réplicas de estas mesas a nivel regional y local? ¿que ante un conflicto, sea posible realmente sentarse a hablar y lograr acuerdos?
Tendría que tener algún carácter vinculante, como cuando uno se somete a un arbitraje de un contrato. Sólo que no se trata de contratos, sino de los temas del día a día que nos complican la vida.
Bueno, no se. Sólo me divertí soñando que algo como esto era posible.
8. DERECHOS POLÍTICOS Y GARANTÍAS
Realización de un nuevo censo de población que visibilice y reconozca a las Comunidades negra, afrocolombiana, raizal y palenquera.
El que no se incluyan grupos de personas en el Censo, con la argumentación de que su acceso es difícil y costoso, justamente muestra la importancia de incluirlos. Es posible complementar el Censo, con estudios posteriores, que se pueden hacer con las mismas comunidades. No creo que un país como Colombia puede darse el lujo de no contar a quienes más necesitan del apoyo del estado. Creo también que se necesita ser más creativos en las formas de hacer las cosas, pues esos contratos estatales gigantescos no dan pie a ver cada caso especial y cómo se debe revisar. Cada comunidad que “no fue contada”, tiene que tener un tratamiento especial.
Desarrollo de un marco normativo, financiero e institucional para garantizar la autonomía jurisdiccional y administrativa, de los territorios colectivos titulados a comunidades étnicas.
Conozco poco sobre este tema, pero sospecho que la normatividad existe y lo que no hay es una implementación adecuada de la norma. Estoy de acuerdo con esta petición del Comité del Paro. Nuevamente, la protección de los más vulnerables, debe ser prioritaria.
Cese de todos los tipos de violencias contra las mujeres, desde la concreción de políticas públicas con enfoque de derechos de mujer y género, así como acoger los acuerdos internacionales en protección de la vida y derechos de las mujeres.
Esto es parte de un objetivo de desarrollo sostenible, el 5. Se entiende como un reto a nivel mundial. Entiendo que lo que pide el Comité del Paro es que se ejecuten las acciones que avancen este objetivo lo más posible. Se que se ha ridiculizado mucho este pliego, y mucho tiene que ver con la redacción del mismo. Casi que creo que es obvio que no se está requiriendo que el gobierno, de forma mágica, cumpla en unos meses uno de los retos mundiales. Duque no va a lograr que se elimine toda la violencia a la mujer, aún si ese fuera su único objetivo de gobierno. Simplemente, porque es una meta muy grande, con muchos niveles e implicaciones. Pero mi entender es que lo que se pide es que el objetivo se priorice y las acciones para conseguirlo, se mantengan de forma consistente.
9. AGRARIA, AGROPECUARIA Y PESQUERA
a. Tramite con las diferentes comunidades campesinas y organizaciones del sector agrario, agropecuario y pesquero, los temas relacionados con las necesidades del sector, entre estos la revisión de los Tratados de Libre Comercio, OCDE y, todo lo relacionado con la economía campesina, pequeños y medianos empresarios y productores agrícolas nacionales y, pescadores continentales y marítimos, la soberanía alimentaria.
Creo que hay muchos apartes de los tratados de libre comercio que no benefician a la población en Colombia. Un caso muy conocido y que genera profunda indignación, es que los campesinos “no pueden” almacenar sus propias semillas y deben comprarlas para cada cosecha.
Creo que las poblaciones campesinas son vulnerables, y por lo mismo, requieren de todo el apoyo del estado. Incluso, que si no se puede justificar por temas morales, pues se puede justificar en un tema de seguridad alimentaria o de tecnificación del campo para lograr mayor eficiencia. Sea cual sea su motivación, proteger el campo, es importante para el país.
Adoptar la Resolución A/C.3/73/L.30 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales
En mi entendimiento, la Resolución fue aprobada por mayoría. Colombia se abstuvo de votar, y sospecho que la abstención se hizo sólo para no “molestar” a USA, que votó en contra. La Declaración incluye mucho de lo que se ha estado hablando aquí, de garantizar los derechos a las poblaciones rurales. Es incluso explícita en decir que, por ejemplo, el acceso a las semillas es un derecho de los campesinos. En esa medida, se entiende porque los paises desde los que se controla los intereses económicos de las multinales de agroindustria, no estaban de acuerdo con el texto.
Pero la declaración es realmente interesante. Me recuerda porque tengo tanta admiración por el concepto de la ONU: con mucha frecuencia la ONU con sus declaraciones nos recuerda a los humanos, como ser humanos.
Reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos políticos. Cumplimiento integral de la sentencia STP 2028 de la Corte Suprema de Justicia
Este tema de ser sujeto de derechos políticos está también incluido en la resolución de la ONU, pero en particular, esta sentencia es una tutela, en que se pidió al DANE incluir a la población campesina en el Censo. Al final lo que se dijo es que ya era tarde para este Censo, y además el tema era costoso y lo que se obliga es que se incluyan las poblaciones campesinas en el siguiente Censo.
Estoy de acuerdo, como indicaba antes con las poblaciones afrodescendientes, de que es imperativo “contar” a todos, para que precisamente, cuenten. Creo que se pueden adelantar muchas acciones para complementar la información del Censo y que no tienen que tener la escala y complejidad que el DANE indica. Si, efectivamente, puede tomar 4 años hacer el estudio para definir qué es “ser campesino en Colombia”, pero también se puede hacer en 6 meses y viendo cada comunidad. Al final es un tema de voluntad política, que no ha habido, para incluir a todas las poblaciones en los censos. Algo que necesitamos urgentemente.
Cumplimiento del Artículo 253 del Plan Nacional de Desarrollo referente a la construcción participativa de la Política Pública del Campesinado Colombiano.
Adoptar una política de reforma agraria integral.
Promoción y apoyo a los mercados campesinos y agroecológicos, seguros de cosecha, compras públicas con normas para organizaciones locales de pequeños y medianos productores.
Adoptar políticas de defensa de la producción agropecuaria nacional, asistencia técnica, reducción de precios de fertilizantes, precios justos, remunerativos y estables, proyectos productivos, y revisión de los impuestos al agro.
Financiación y crédito agropecuario. Condonación de deudas y acceso a mecanismos de financiación, subsidios y créditos de bajo interés.
Protección a semillas propias y nativas.
Reconocimiento y desarrollo de figuras territoriales campesinas y de pueblos indígenas y negros. Respeto a su ordenamiento territorial, tierras y territorio.
Condiciones especiales para el acceso del campesinado a los sistemas de seguridad social integral.
Política de Formalización del empleo campesino y agropecuario
Plan Nacional de Salud Rural en su totalidad con presupuesto asignado, con énfasis a la atención en las mujeres rurales, históricamente invisibilizadas, relegadas y discriminadas en la atención en salud, así como en los beneficios de estrategias de salud rural comunitaria. Articular el PDET en el pilar salud junto al PNSR.
Garantías de acceso y propiedad de la tierra y el agua para las mujeres campesinas.
Constitución de una mesa para la discusión de garantías para el ejercicio de la pesca artesanal continental y marítima.
Estoy de acuerdo en la necesidad de implementar cada uno de estos puntos que solicita el Comité del Paro. La mayoría están incluidos en el texto de la Resolución de la ONU, o se han incluido en resoluciones o normativas anteriores que aún no se implementan.
El pliego del Comité del Paro es largo, porque incluye muchas veces los mismos temas, procurando que no se olvide alguno de los enfoques diferenciales.
10. CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS ENTRE EL GOBIERNO, Y PROCESOS Y ORGANIZACIONES
El Gobierno reactivará e iniciará de inmediato con los sectores, procesos y organizaciones respectivas la implementación y cumplimiento de los acuerdos firmados por los anteriores y el actual Gobierno con:
- Estudiantes universitarios
- Organizaciones indígenas
- Comunidades negra, afrocolombiana, raizal y palenquera
- Organizaciones sindicales estatales
- FECODE
- Madres comunitarias
- Sectores campesinos y agrarios
- Movimiento social de mujeres
- Movimiento de víctimas
- Transportadores
- Población con discapacidad
- Organizaciones de derechos humanos
- Minga social por la defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz
- Mesa Única Nacional del Decreto 870 de 2014. Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular.
- Asociación Colombiana de Campesinos
- Mesa Campesina del Cauca.
- Mesa de Derechos Humanos por la Defensa de la Vida y el Territorio en el Departamento del Cauca.
- Paro cívico del Chocó
- Paro cívico de Buenaventura
- Paro cívico de Tumaco
- Comunidades negras del Norte del Cauca
- Acuerdos obtenidos con las mujeres indígenas del CRIC que han sido atropelladas en diferentes formas
Cualquier acuerdo hecho es de carácter vinculante. Asumo que se ha realizado como parte de una negociación que consideró todos los puntos y logró acuerdos aceptables para todos.
Ya es la “palabra empeñada”, y se necesita que los ciudadanos confíen en sus gobernantes. Así que estoy completamente de acuerdo con que se deben cumplir los acuerdos realizados, y por lo mismo, estoy de acuerdo con la petición del Comité del Paro.
Nuevamente, creo que hay que ejercer mucha presión social para cambiar las condiciones actuales. No tenemos gobernantes o representantes que le teman a sus votantes. Pero, hay que convertir cada voto en uno de opinión. Un día a la vez. Si algo nos muestra este gran paro, es que es posible ir organizándonos como sociedad civil, para tener estos escenarios. Nos falta mucho, pero hemos empezado.
11. RETIRO DE PROYECTOS NORMATIVOS
Retiro del proyecto de ley de Crecimiento Económico, reforma tributaria en tránsito en el Congreso de la República. (No. 278 de 2019 Cámara – 227 de 2019 Senado), abstenerse de sancionarlo si ya hubiese agotado su trámite legislativo o proceder con su derogatoria inmediata.
El Gobierno se abstendrá de tramitar la reforma al sistema pensional. Garantizará un sistema de protección social a la vejez público y solidario. El enfoque de protección a la vejez no puede ser hacia sistemas contributivos o semi-contributivos individuales.
El Gobierno se abstendrá de realizar reformas laborales que desmejoren los derechos y garantías contemplados en el ordenamiento jurídico, actualmente. Especialmente se abstendrá de regular el trabajo por jornal o por horas, establecer salarios mínimos diferenciados por sectores o para jóvenes o de otro tipo, o flexibilizar la estabilidad laboral.
12. DEROGATORIA DE NORMAS
Derogatoria de los artículos 83, 193, 198, 240, y 242 de la ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo.
Derogatoria del impuesto o Tarifazo Nacional relacionado con el tema Electricaribe.
Derogatoria inmediata del decreto No. 2111 de 2019, por el cual se crea el Holding Financiero.
Derogatoria de la Circular no. 049, de 2019, sobre estabilidad reforzada.
Derogar Ley Naranja, Ley 1834 de 2017 y Ley TIC, Ley 1978 de 2019.
Derogar Ley Zidres, Ley 1776 de 2016.
13. CONSTRUCCIÓN NORMATIVA.
Creación de espacios de construcción participativa de las siguientes iniciativas:
Creación del Sistema Nacional del Cuidado, y de condiciones pensionales especiales dignas para cuidadores y cuidadoras, en desarrollo de la ley 1413 de 2010.
Concertar el contenido de un Estatuto del trabajo conforme al Artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, que beneficie a la clase trabajadora, en especial a la juventud y sobre la base de principios mínimos fundamentales allí establecidos, así como el respeto al derecho de asociación, la no persecución sindical y respeto por las iniciativas que este desarrolle especialmente en lo referente a Convenciones Colectivas de Trabajo.
Garantizar que la prestación de servicios públicos no se privatice; se revierta a favor del Estado las que ya fueron privatizadas y se reformen las normas necesarias para ello (Ley 142 de 1994, Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones, entre otras).
Actualización del código nacional de tránsito, nuevo código nacional de transporte, nuevo régimen sancionatorio del sector transporte, cambiar el modelo de regulación económico del sector transporte que proteja el pequeño propietario
Reforma participativa del Sistema General de Participaciones
Implementar la ley 1346 de 2009 que acoge la convención del protocolo facultativo para las personas en condición de discapacidad. Suscribir plenamente el protocolo facultativo para personas con discapacidad.
Reglamentar la Ley Estatutaria de Salud.
Todos estos temas normativos, dependen principalmente del Congreso. Nuevamente, no creo que la presión ciudadana será efectiva hasta tanto los representantes teman por sus curules, porque pierden votos. Sólo en escenarios así podría uno parar temas como el Tarifazo.
Esto no se logra sino con ciudadanos educados e involucrados en los procesos, y estamos aún lejos de ese escenario. También se necesita que no sean las compras de votos (a la gente o a los registradores locales), como se consiguen las curules.
No necesariamente creo que todas las normas incluidas aquí deben ser eliminadas, reformadas o que son diabólicas. Pero si creo que tenemos que garantizar que lo votado en el Congreso al menos no está explícitamente en contra del ciudadano. Debe ajustarse a unos principios globales, como por ejemplo, la protección de las poblaciones vulnerables.
Me alegré de haber hecho este ejercicio de leer y opinar de cada punto. Simplemente, porque he puesto mi granito de arena en que al menos mi capital político de un voto (el mío), corresponde a un voto de opinión.
Como decía al comienzo, agradezco a cualquiera que me enseñe y me ayude a ver lo que no estoy viendo. Los temas me interesan, y en serio, quiero conocer más de cada punto.
Y para los que celebran estas fechas, ¡Feliz dia de Reyes!
Dejo esto por aquí, sólo para alegrarlos
El documento al que hago referencia está en el siguiente enlace, y tiene fecha del 13 de diciembre de 2019:
http://www.indepaz.org.co/agenda-del-comite-nacional-de-paro-para-la-negociacion-con-el-gobierno-nacional/
Más como un ejercicio personal, y aunque nadie me ha preguntado, les comparto que pienso de cada una de estas solicitudes. No soy experta en nada, sólo soy un ciudadano que opina desde su propia experiencia. Mi educación formal es en ingeniería, y hay mucho que no se de Colombia. Agradezco a quien me quiera contestar, y ayudarme a ver lo que no estoy viendo. Me parece importante que hablemos de estas cosas en los almuerzos, en los pasillos, con los amigos al tomar una cerveza, en todas partes. Nos viene bien un poco de educación política, como nación, que empieza porque cada ciudadano se involucre en las discusiones de lo público. No sabemos hablar de temas difíciles porque por generaciones no lo hemos hecho. Pero podemos aprender, hablando.
Bueno, aquí voy. Este es sin duda el post más largo que he escrito, porque son 6 hojas de demandas. Me tomó varios días escribirlo. El texto en negro es la cita, el texto azul, mi opinión:
1. GARANTÍAS PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA PROTESTA SOCIA
Retiro del proyecto de ley estatutaria por el cual se pretende regular el artículo 37 de la Constitución Política, y abstenerse de promover cualquier iniciativa normativa que tenga como fin regular la protesta social.
De acuerdo. No se necesita más normativa, pues ya existe. El derecho está garantizado en la Constitución y ya existe normativa al respecto, en el código de policía, por ejemplo. La intención de estas nuevas regulaciones, es limitar el derecho a la protesta. Lo último que necesitamos.
Garantías para el ejercicio del derecho a la protesta social y la movilización, así como la libertad inmediata de las personas detenidas en las protestas y los presos políticos. Que la protesta social no tenga un tratamiento militar ni intimidatorio.
De acuerdo con casi todo. Me hace dudar. "los presos políticos", sólo si hace referencia a aquellos detenidos durante las protestas. No si estamos hablando de presos políticos del ELN, presos hace unos años, y otras situaciones que pueden interpretarse como "presos políticos" sin estar relacionadas con las protestas.
Garantías especiales dirigidas a acabar con la violencia contra las mujeres en los procedimientos de la fuerza pública en intervención a la protesta social.
Completamente de acuerdo con esto. Se requiere de "tolerancia cero" en todas las instituciones para cualquier tipo de violencia sexual hacia hombres o mujeres.
Implementación de la Resolución 1190 de 2018. Instalación inmediata de la Mesa Nacional de Seguimiento a la Protesta Social, activación de Puesto de Mando Unificado y reconocimiento y fortalecimiento a misiones de verificación.
Esta me tocó googlearla. https://www.mininterior.gov.co/la-institucion/normatividad/resolucion-1190-del-3-de-agosto-de-2018
Descripción de la Norma: Pues la cual se adopta el "Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica como un ejercicio legítimo de los derechos de reunión, manifestación pública y pacífica, libertad de asociación, libre de circulación, a la libre expresión, libertad de conciencia, a la oposición y a la participación, inclusive de quienes no participan en la protesta pacífica"
Número de la Norma: 1190 del 3 de agosto de 2018
Fecha de Entrada de Vigencia: Sábado, Agosto 4, 2018 - 7:00pm Tras leer la resolución, estoy de acuerdo con que sea una petición del Comité del Paro. Se da contexto de cómo la protesta social es un derecho, y requiere de protección. Esto incluye protección para los que no están protestando, algo de lo que se ha hablado mucho en estas semanas. Una vez definidas las políticas, la resolución requiere que se capacite a todo el mundo en las políticas. (Aclaro, esto no es lo mismo que la regulación de la protesta, es de protección al derecho de la protesta)
Es decir, la necesidad de definir qué está incluido en el derecho y qué no, y cómo se protegen los derechos, ya había sido identificada. Pero aún está pendiente el detalle, la implementación y socialización. Urge hacerlo.
Por dar un ejemplo, yo creo que es aceptable que la protesta se tome las calles y pare el transmilenio temporalmente. No creo que es aceptable que se puedan saquear tiendas.
Expedición de directivas precisas a los Gobernadores y Alcaldes para la implementación territorial de la Resolución 1190 de 2018.
De acuerdo, por lo indicado en el punto anterior.
Las fuerzas antimotines existen (en el mundo), pues hay situaciones en que la protección de los derechos de los ciudadanos, las requiere.
Lo que no es aceptable es el abuso que comete el ESMAD hoy casi a diario en Colombia, o que se use el ESMAD para reprimir la protesta social. Tampoco es correcto que sea una práctica común del ESMAD infiltrar las marchas y las reuniones pacíficas de ciudadanos, y la infinidad de abusos cometidos a la vista y cuando nadie los está viendo.
Desafortunadamente, no veo viable reformar una institución como la actual Policía Nacional, para lograr que las prácticas de abuso se acaben. En esa medida, desmantelar implica para mí, que se cree una fuerza con personal nuevo, adecuadamente formado y en el que exista cero tolerancia al abuso que hemos visto.
Lo ideal es que la implementación de la Resolución 1190 de 2018 explique claramente a los mandatarios locales, por qué NO pueden usar el ESMAD para "evitar" la protesta social.
Revisión del Código Nacional en cuanto a las facultades que se otorgan a la policía para imponer los mal llamados “traslados por protección”. Inaplicación inmediata de los “traslados por protección”.
Celeridad y efectividad en las investigaciones y procesos judiciales que recaen sobre responsables de graves violaciones a los Derechos Humanos y amplia difusión de sus resultados. Con enfoques diferenciales de género, derechos de las mujeres, étnico y territorial.
Completamente de acuerdo. No puede haber impunidad en el abuso, ni excusas para que la fuerza pública pueda cometer atropellos contra los ciudadanos. En un país como el nuestro, es mejor "no dar papaya" y facilitar cualquier situación que se pueda convertir en una desaparición.
El monopolio de las armas en las fuerzas armadas, implica exigir de las fuerzas armadas un estándar ético mucho más alto que cualquier otro actor. Esto para mi es casi obvio, pero no parece ser una idea popular.
El traslado de todas las investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales que son conocidas por la justicia penal militar, a la unidad de DDHH y DIH de la Fiscalía. Desarrollar procesos de investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de los homicidios, torturas, heridas y detenciones arbitrarias que se presentaron en desarrollo de la participación en las jornadas de movilización y protesta en el marco del paro nacional de 2019, y remitir un informe al Comité Nacional de Paro el cual debe contener enfoques diferenciales de género, derechos de las mujeres, étnico y territorial.
Lo que como ciudadano querría es que no haya impunidad en los abusos. De ahí la marcha de apoyo a la JEP, y la exigencia de respuestas en los casos de abuso cometidos durante estas marchas más recientes. Se pide transparencia en las investigaciones, y acciones disciplinarias o penales, según aplique. Se pide tener presente que algunos grupos reciben tipos de violencia distintos, y que no son aceptables.
Un informe al Comité del Paro, no sé si sirve de algo, pues al final, no se puede hablar del "Comité del Paro" como una organización. Diría más bien, los ciudadanos, queremos ver los resultados.
Pero esta demanda es mucho más compleja y larga, y está muy ligada al proceso de paz y otras dinámicas que están sucediendo en Colombia hoy. Conocer la verdad y que se haga justicia nos llevará tiempo.
Desarrollar procesos de investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de la muerte de Dylan Cruz, de los líderes y lideresas sociales asesinados, desaparecidos y amenazados.
Adelantar procesos de atención, rehabilitación y reparación por las afectaciones físicas y psicológicas de las personas que fueron heridas por la acción arbitraria de la fuerza pública.
De acuerdo con esta solicitud. Como sociedad, no soportamos más impunidad en general, ni la impunidad al abuso de las fuerzas armadas. Creo que esto es una constante sobre todo el documento y sobre el sentir de todos. Por favor no respondan con la pendejada de que las FARC mató mucha gente. ¡Pues claro! Es que duelen todos los muertos. Pero no se puede justificar un abuso con otro. El ciclo tiene que terminar.
Y vuelvo e insisto: El monopolio de las armas en las fuerzas armadas, implica exigir de las fuerzas armadas un estándar ético mucho más alto que cualquier otro actor.
Libertad inmediata de las personas que están privadas de la libertad por su participación en las jornadas de Paro Nacional. No judicialización de quienes han sido retenidos y se encuentran en libertad.
Totalmente de acuerdo. Participar en una jornada de paro, no es un delito. No, no aplica para EPA Colombia, quien entre otras, ya aceptó sus cargos. Aquí lo que se pide es garantías para la protesta social, no impunidad en casos de delitos. Si no ven la diferencia, pues es justo ahí, dónde radica el problema. Protestar no es delito.
2. DERECHOS SOCIALES
Política pública que elimine la tercerización laboral y propenda por la formalización laboral y trabajo decente.
Algo que me llama la atención es que el Estado contrata gran parte de su personal con contratos de servicios. Lo entiendo, pues en muchas situaciones hay razones por las cuales los funcionarios de carrera no son los más adecuados para hacer los trabajos. Pero, el problema de la informalidad en el empleo, y el subempleo, tiene muchos componentes. Que no se cumpla con reglas básicas de empleo formal en entidades oficiales, habla mucho del poco compromiso que existe con formalizar el empleo y lograr empleo de calidad.
La tercerización, los contratos de servicios, es una respuesta del mercado que busca bajar costos. La informalidad también. Mientras estas cosas no esten adecuadamente reguladas, en general, el mercado no va a voluntariamente tratar de cambiarlo.
Creo en que se necesita regulación, a los bancos, las grandes empresas, los grandes capitales. Que la regulación debe considerar que la mayoría de empresas en Colombia son PYMES y que la dinámica en estas empresas es distinta. El capitalismo es el modelo que tenemos y que en muchos escenarios funciona, pero, requiere regulación. Un Estado Social de Derecho, implica, justamente, esa regulación. Pero lo que se percibe, como ciudadano, es que el Estado está al servicio de los grupos económicos, sin ningún interés en comprometerse con temas sociales frontalmente. Es lo que como ciudadanos reclamamos, y explica esta petición del Comité del Paro
Estoy de acuerdo que se requiere ajustes para lograr condiciones de trabajo dignas para todos, y que esto sólo se consigue con trabajo sostenido con esa meta, de forma constante y consistente.
Garantías de seguridad social y condiciones de trabajo para los trabajadores y trabajadoras en situación de precariedad, entre ellos especialmente los y las jóvenes, o trabajadores de oficio (recicladores), la industria manufacturera u otros en especial situación de precariedad.
En Colombia sorprende la cantidad de personas que trabajan en condiciones precarias, inhumanas. Nuevamente, se requiere regulación para evitar que suceda. Empieza porque no nos parezca normal, o aceptable. Por que no repliquemos modelos de abuso en nuestras relaciones cotidianas que permiten estas situaciones.
Me impresiona lo frecuente que se oyen cosas como que no se debe "patear la lonchera". O empleadores diciendo a sus empleados "que cuiden el trabajo", como formas de callar cualquier diferencia de opiniones. Eso es justamente, el abuso, que crea las condiciones inhumanas. Insistir en pagar a la gente un jornal del día calculado con el salario mínimo sin prestaciones laborales, es otra clásica del abuso normalizado.
Si a la sociedad en conjunto le parece normal estas condiciones precarias, no hay mucha esperanza de que tengamos normatividad que la regule. El día que el clasismo deje de ser el deporte nacional, habremos avanzado. No puedes tratar a tus empleados como siervos medievales (principalmente porque no eres un lord feudal).
Pacto social y político por el derecho fundamental a la salud, universal, gratuito, de calidad y sin barreras:
-La financiación de la red pública hospitalaria estará a cargo del Estado.
-Eliminar la intermediación de entidades privadas en la red pública de salud; las actividades y recursos de salud deben manejarse a través de instituciones públicas.
-Formalización de los trabajadores y trabajadoras del servicio de salud, en un periodo no superior a seis meses, garantizándoles estabilidad laboral, y condiciones dignas de trabajo.
-La nómina de los trabajadores y trabajadoras de las Empresas Sociales del Estado será responsabilidad directa del Estado.
Reformar las normas pertinentes en materia de salud, contenido en la ley 100 de 1993 y normas afines.
Alguien me envió recientemente un artículo: La Constitución del 91, una victoria del neoliberalismo en Colombia, en que se hace responsable a la Constitución del 91 de temas como la Ley 100 y la "degradación" de la salud y la educación. Es cierto lo que plantea, en la medida en que la norma no se consideró inconstitucional, y por tanto, se materializó.
No estoy de acuerdo en que la Constitución convirtió la salud en un servicio. El concepto de salud como negocio, que creo hemos copiado todos de USA, es protegido por muchos intereses. Y ha demostrado que resulta en multimillonarias fortunas para farmacéuticas, intermediarios, y muchas personas. Pero no es beneficioso para la sociedad.
No creo que podemos decir que el servicio de salud era bueno en Colombia para todos antes del 91. Creo que podemos decir que es malo, para la mayoría, hoy.
Si se requiere una reforma estructural. Y si, esta puede venir del Gobierno central (como el Ministerio de Salud), del Congreso con reformas significativas a la normatividad, etc.
Definición de una tasa de interés para los créditos de vivienda, justa y acorde a los ingresos reales de las personas que quieren adquirir vivienda propia. Con enfoques diferenciales de género, derechos de las mujeres y étnico.
De acuerdo con que Colombia necesita este tipo de normativa. Hay dos formas de hacerlo: Subsidios, y regular bancos. Si creo que los subsidios deben considerar a quienes están en "desventaja", primero. Esto incluye, justamente, los enfoques diferenciales.
Algunos subsidios existen, y seguramente se requiere más trabajo en lograr que quien lo necesita, tenga acceso. Estos programas deben ser permanentes, constantes. Sueña uno con escenarios como el de Finlandia. Pero bueno, hay que avanzar, sin descanso. Esto es algo que se puede pedir a los gobiernos locales también. No es un tema sólamente de gobierno central.
En el tema de regular Bancos, creo que estamos muy lejos aún, pues sus intereses permean todo el gobierno. Algunos paises nordicos lo han logrado. Pero si, tengo claro que es Cundinamarca y no Dinamarca.
Dignidad laboral y pensional para los y las artistas y trabajadores y trabajadoras de la cultura, creando condiciones para su acceso efectivo al sistema de seguridad social integral, utilizando los recursos de la estampilla procultura para su acceso al sistema pensional y no a BEPS.
Es recurrente el tema del trabajo digno en las peticiones del Comité del Paro. En este caso, a personas que trabajan en la cultura. Son ocupaciones que terminan siendo "informales", sin acceso a la seguridad social básica. El punto es que se requiere un esfuerzo consciente y constante, para lograr trabajos de calidad en todos los sectores.
Estoy de acuerdo con el descontento general sobre el sistema pensional. Hace años dejé de cotizar, consciente de que la única pensión posible, es lo que logre ahorrar. Tengo al menos, la opción de ahorrar(soy muy afortundada, si me comparo con otros colombianos). Entiendo porque no quieren los trabajadores de cultura que les obliguen a hacer aportes a BEPS. Esa platica, se va a perder.
Garantizar la contratación de artistas nacionales en la realización de eventos y producciones financiados con recursos públicos, así como más y mejores oportunidades de empleo.
Además del tema del trabajo digno, aquí aparece la "protección a la industria nacional". Si creo que esto debería ser una política, en general, procurar el desarrollo de industrias nacionales a partir de su apoyo y promoción. Nuevamente, es algo que se puede hacer a nivel local y más importante, como ciudadano. No compre frutas importadas, no piratee los músicos nacionales, prefiera comprar en una tienda y no en cadenas internacionales. Las posibilidades son infinitas. Es nuevamente, tener claro el objetivo y ser consistente en las acciones para lograrlo.
El Estado Colombiano debe garantizar la atención y tratamiento oportuno, gratuito, de fácil y universal acceso, con calidad humana y científica a las y los adolescentes, jóvenes, mujeres, personas con identidades de género diversas, personas con discapacidad, personas mayores que viven y conviven con VIH sin ser juzgados(das), ni discriminados(das).
Sin duda, cualquier persona debe tener a acceso a salud en condiciones mínimas. Creo que el acceso a la salud es un derecho de cualquier persona (no solo de las que lo pueden pagar). Creo lo mismo con la educación. Sea cual sea la enfermedad que cada persona tiene. En el caso específico del VIH, esta ya no es una enfermedad mortal, puede ser tratada y se convierte en una enfermedad crónica. Todas las personas deberían tener acceso a este tratamiento.
Realizar periódicamente investigaciones científicas, generar información estadística y pedagogía asociada al VIH y SIDA.
Estoy de acuerdo con esta petición. No pueden definirse políticas públicas adecuadas si no se tiene información recogida de forma adecuada. Tampoco se logra aplicar las políticas si las personas que deben recibir sus beneficios, no saben ni que las políticas existen. En esa medida, casi que es un tema de lograr calidad mínima razonable en las políticas públicas en temas de salud, y sobre eso, construir.
Inclusión en los currículos académicos de profesiones del área de la salud y otras áreas relacionadas, como trabajo social y psicología, formación en temas de prevención en violencia obstétrica y ginecobstetricia, parto respetado, parto fisiológico, derechos sexuales, derechos reproductivos, duelo gestacional y perinatal, lactancia natural basada en evidencia científica actualizada, mecanismos de participación e incidencia política para la defensa, exigibilidad y reivindicación de derechos.
Implementación y presupuestos para la promoción de los derechos sexuales y los derechos reproductivos y la educación para la sexualidad que posibilite el desarrollo de la autonomía de las mujeres, las niñas, adolescentes y jóvenes y posibilite relaciones libres de todas las formas de violencia, entre ellas la violencia obstétrica.
Estoy de acuerdo con esta petición. Esencialmente, es garantizar que los profesionales de salud conozcan y respeten los derechos de sus pacientes, en vez de sólo imponer su criterio (con mucha frecuencia influenciado negativamente por una religiosidad mal entendida). Esto se logra con educación, como lo pide esta solicitud, pero también con regulación. Los profesionales de salud que no respeten los derechos de sus pacientes, deben tener algún tipo de sanción, hasta que simplemente, se entienda que negar derechos no es aceptable. La sociedad ya no quiere médicos que se creen dioses o que tratan a sus pacientes como infantes.
La atención integral en salud debe tener un enfoque diferencial de género, derechos de las mujeres, étnico y territorial de acuerdo con la ley estatutaria 715 y la política de atención integral en salud (PAIS) en la atención a todas las personas que habitan en el territorio colombiano especialmente a las personas en mayor en situación de vulnerabilidad (LGTBI, Mujeres, personas viviendo con VIH/SIDA ITS, víctimas del conflicto sexual particularmente)
Esta petición continúa la línea de proteger a quienes están en desventaja, en acceso a servicios de salud, y el respeto de los derechos de los pacientes. Tengo que estar completamente de acuerdo con la necesidad de que se mantengan políticas para garantizar salud a cada uno de los habitantes del país.
Reconocimiento y garantía de los derechos económicos de las mujeres como avance en acabar con las brechas de la desigualdad social y la feminización de la pobreza.
Hace un tiempo escribía un poco sobre esto, cómo las mujeres avanzamos lentamente en lograr esa igualdad económica. Hasta hace muy reciente, la normatividad en Colombia, permitió a las mujeres tener propiedad, y definir su destino. Pero de la norma al hecho, aún falta mucho. Son muchas las mujeres que no tienen independencia económica, y con ello, se hacen vulnerables y muchos abusos.
Completamente de acuerdo con la necesidad de crear y mantener políticas que permitan llegar a tener mujeres con derechos económicos.
Aplicación de los convenios 190 (acoso laboral y sexual) y 161 (servicios de salud en el trabajo) de la OIT, en la política laboral nacional con enfoque de género y derechos de las mujeres.
De acuerdo, aquí, interpreto que lo que se pide es que no exista impunidad, que se cumpla la mínima regulación que garantiza derechos a las mujeres. Es un objetivo que debemos mantener, como sociedad, por el bien de todos.
Dar efectiva aplicación a la política de emigración e inmigración con enfoque de Derechos Humanos.
Nuevamente, se busca proteger los derechos de todos, especialmente de los más vulnerables. Hay muchas razones que llevan a una persona a emigrar, convertirse en inmigrante en otro lugar. El tener que irse, o llegar a un sitio desconocido, hace a cualquier persona más vulnerable.
Creo que ya he insistido bastante, pero permítanme hacerlo de nuevo. Las sociedades tienen el deber de proteger a sus miembros más vulnerables.
3. DERECHOS ECONÓMICOS
Retiro de Colombia de la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico-OCDE
Y aquí tenemos el primer punto en que no estoy de acuerdo. Creo que pertenecer a la OCDE nos obliga a tener estándares más altos, y eso es bueno.
Eliminación de la brecha salarial entre hombres y mujeres.
De acuerdo. Un objetivo global, que requiere de acción consistente y constante. Se puede trabajar a nivel de gobierno central, local, y en cada organización o grupo. Un compromiso que requiere de trabajo a muchos niveles.
Garantizar al sector del transporte terrestre en todas sus modalidades la reposición uno a uno del parque automotor.
Si creo que debe haber políticas públicas para garantizar el transporte, regularlo, como un servicio público. (Si, aquí me separo de la solicitud del Comité del Paro de hablar de transporte, y me voy a "transporte público", que creo, debe ser la meta). En la mayoría de países del mundo, el transporte público está fuertemente subsidiado por el estado. En Colombia, la normatividad existente evita el subsidio(aunque termina dándose cuando se tienen que asumir los déficits de los sistemas de transporte público), sumado a entidades de control que no están realmente pensando en el mejor servicio público. Transmilenio, por dar un ejemplo. No tenemos transportes públicos de calidad. Nos faltan trenes, nos faltan barcos. Las carreteras no son la única opción. En muchos casos, no son la opción más eficiente.
El transporte se requiere para mejorar la calidad de vida, para el desarrollo económico. Es claro que se necesita. ¿Debe el estado reponer vehículos? Bueno, habrá que ver cada caso, pero no tiendo a estar de acuerdo con la reposición pagada por el estado, creo que no es por ahí la solución al problema. Esa reposición en este escenario es un subsidio a un pequeño propietario, cuando probablemente, no deberíamos tener pequeños propietarios en el transporte público.
El Gobierno no adelantará proceso alguno de privatización o enajenación de bienes del Estado independientemente de su participación accionaria.
Ecopetrol debe ser una empresa 100% estatal.
Tengo sentimientos encontrados en estos dos puntos. Cuando hay empresas que son del estado, las entiendo como que prestan servicios o manejan activos que son "de todos", que su protección es de interés general. Por eso, se conforman como entidades públicas.
Sin embargo, sabemos que una entidad pública, en un país como el nuestro, es más fácilmente capturada por la corrupción y se hace ineficiente. En esa medida, tener un poco de "control privado", que está más pendiente de la utilidad y por lo mismo, de la eficiencia, puede no ser algo malo. Puede incluso garantizar inversión adicional que se requiera para la sostenibilidad y el crecimiento de la empresa. Así que, no necesariamente estoy de acuerdo con la regla de que estas empresas deben ser 100% estatales.
En la transición, es cierto que algunas ventas de entidades públicas son escenarios de corrupción: vender a privados activos a menos del precio del mercado. Estos escenarios, no son aceptables. De nuevo, se vuelve un tema de, ver cada caso con detalle.
Aumento del presupuesto de Cultura a mínimo el 2% del Presupuesto Nacional.
El presupuesto de la cultura, en mi opinión, va muy cerca de presupuesto de educación. En general, creo que el país debe disminuir el gasto en militares y subirlo en educación, cultura y ciencia. No se si el número adecuado sea 2%. Ahí me queda pendiente la tarea de revisar temas presupuestales con más detalle. Ya me pondré en ello para otro blog.
Eliminación del impuesto 4 por mil
Los impuestos se necesitan, y hay que pagarlos. Se pueden recaudar de múltiples formas. ¿Por qué se quiere eliminar este en particular? Creo que porque siempre se vendió como un impuesto temporal, y como ciudadanos nos sentimos un poco engañados después de años y años. No creo que el 4xmil sea un impuesto más diabólico que los demás.
Creo que en Colombia, el tema de impuestos es muy emocional. No se quiere pagar impuestos "para que se los roben", entonces, eso justifica que el ciudadano común no los pague. Tampoco pasa nada si uno no los paga, impunidad en esto, como en casi todo. En un círculo vicioso, que no termina. Yo no he evadido impuestos nunca (trampear para no pagarlos, vender sin factura, etc), pero si con frecuencia me “financio” con la DIAN, pagando tarde los IVAs o los retefuentes. Termina siendo un crédito rotativo de capital de trabajo, instantáneo (por aquello de que los bancos no me prestan) Eso no es una buena práctica, tampoco. Ahí, me corresponde aceptar el error y actuar acorde. Me pondré al dia en el 2020, solemne promesa.
Avanzar en la lucha contra la corrupción puede mejorar el recaudo de impuestos. Creo que a la gente le dolería menos pagar, si viera el dinero invertido adecuadamente.
Implementación de políticas públicas para el fomento y fortalecimiento de las entidades Cooperativas y Solidarias.
Revisión del marco normativo que obstaculiza la creación y desarrollo de las entidades cooperativas y solidarias.
Priorizar en los fondos de emprendimiento los proyectos asociativos cooperativos y solidarios.
Promoción de la educación solidaria en todos los niveles de formación.
Aquí creo que se regresa a buscar la protección de los más vulnerables. Es un objetivo con el que estoy de acuerdo. Lograr proyectos asociativos, permite a los grupos vulnerables independencia económica y disminuir su "vulnerabilidad". Apoyar este tipo de proyectos, es un beneficio para todos, como conjunto. Así que, estoy de acuerdo con esta petición del Comité del Paro.
4. ANTICORRUPCIÓN
Trámite inmediato en el Congreso de la República de los proyectos de ley anticorrupción y garantía de aprobación de estos.
Pues, curiosamente, voté no a varias de las propuestas del referendo anticorrupción. No creo que las leyes anticorrupción, como se están planteando, sean buena idea.
Estamos de acuerdo que acabar la corrupción debe ser un objetivo nacional. Pero no estamos de acuerdo que los contenidos de estas leyes sean la forma de implementarlo.
Un ejemplo: el referendo hablada de hacer contratos tipo. Yo he trabajado con el estado en contratos de tecnología, que son complejos aún con los detalles que se incluyen. No puedo imaginar lo difícil que sería tener uno de estos contratos, con un pliego tipo. Contratar con el estado es ya tan complicado, que las empresas en general, inflan los precios mucho más de lo que harían con un privado, simplemente porque se debe incluir el costo de los retrasos, retrabajos e infinitas ineficiencias. Poner más controles, solo va a “subir los precios” aún más de todos los contratos, sin evitar la corrupción.
5. PAZ
Implementar en las políticas públicas nacionales y regionales la Cultura de Paz, con enfoque de género y derechos humanos de la mujer.
Desarrollar un programa Nacional de cultura y arte para la Paz, la memoria y la convivencia.
Tenemos, afortunadamente, varios ejemplos en que la cultura y el arte ha ayudado a la reconciliación en las regiones. Un país que lleva un siglo de guerra, es uno con personas que requieren atención psicosocial (y me incluyo entre ellas). Estamos todos un poco locos, después de esta guerra sostenida. Y la cultura y el arte, ayudan a lograr esa sanación emocional, muy necesaria para poder avanzar a nuevas y más saludables etapas de la vida. Estoy completamente de acuerdo con que este sea un objetivo nacional y por lo mismo, con esta petición del Comité del Paro.
Garantizar el cumplimiento e implementación integral de los acuerdos de paz firmados en La Habana. Implementando enfoque trasversal de género, mujer, familia, generación, étnico y territorial.
No tengo duda de que este debe ser un objetivo nacional. De hecho, soy una de esas personas convencidas de que hubo fraude en el referendo por la paz, y que de haber sido transparente, el SI habría ganado con creces. El tiempo dirá, si tengo razón en este particular.
Dar funcionamiento a la Comisión de Seguimiento Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de PAZ – CSIVI
Cesar definitivamente cualquier intento de reformar mediante ley o acto legislativo, el Acuerdo de Paz.
Presentación, previa discusión en la CSIVI, al Congreso de la República, con moción de urgencia, de los proyectos de acto legislativo y de ley, que hacen falta para la implementación normativa del acuerdo de paz y garantía de respaldo por los partidos de Gobierno.
Estoy de acuerdo con que es mejor una paz imperfecta que volver a la guerra. Cumplir los acuerdos como están. Negociar con el ELN. Necesitamos avanzar.
Garantías efectivas para la reincorporación económica, social y política, tierra para excombatientes, protección y seguridad, reconocimiento e interlocución con el partido FARC.
Esto hace parte del acuerdo. Así que, si, estoy de acuerdo con esta solicitud.
Adecuación del presupuesto para la paz de conformidad con el Plan Marco de Implementación y el Acto Legislativo 01 de 2016.
Promoción de la inclusión de las disposiciones de paz territorial en los Planes de Desarrollo Municipal y Departamental. Realizar para ello la discusión con Alcaldes y Gobernadores.
Retomar la agenda firmada por el Gobierno colombiano y el ELN.
Respeto a los protocolos firmados por el gobierno nacional y el ELN, y la continuación de los diálogos de Paz, con base en la agenda pactada y firmada.
El Estado promoverá diálogos con todos los grupos armados para la consecución de la Paz.
De acuerdo en la necesidad de mantener los acuerdos de paz, buscar la paz duradera y mantener diálogos con otros grupos armados. Ya hemos probado que la vía militar no va a resultar. No tiene sentido seguir insistiendo.
Desmantelará los grupos paramilitares.
Paramilitares ya no son "otro grupo armado" del conflicto. Son bandas criminales. (Nos falta mucho aún por saber sobre sus estructuras y cómo están vinculadas al ejército).
Pero, para lograr territorios en que no existan estos grupos armados ilegales, sin importar su tinte político o su medio de financiarse (narcotráfico, minería ilegal, etc), el Estado tiene que llegar con servicios a todo el país. Y eso no significa tener un policía en cada pueblo. Significa tener policías, notarios, jueces, escuelas, hospitales, servicios sociales, infraestructura, comunicaciones, servicios públicos, apoyo al desarrollo económico de la región...
6. DERECHOS HUMANOS
Replantear y modificar la doctrina militar y la política de seguridad y defensa. Depurar de la Fuerza Pública a los agentes vinculados a presuntas violaciones de Derechos Humanos.
No se como van a implementar esto, pero estoy de acuerdo en la necesidad de hacerlo. La policìa y el ejercito en Colombia son instituciones que por años han desconocido su papel en proteger a los ciudadanos. Lograr que se entienda su función, no será tarea fácil. Pero es necesaria. Honestamente creo que, lo que vamos a ir conociendo, a medida que se avance en los procesos por ejemplo de la JEP, la Comisión de la Verdad, pondrá en perspectiva la gravedad de lo sucedido. Ya no podrá la sociedad solo ignorar lo que ha pasado, tendremos que enfrentarlo, y cambiarlo. Así que, tengo fe en que avanzaremos. Y estoy de acuerdo, esta petición debe ser un objetivo nacional.
El desmonte total de las estructuras paramilitares y la judicialización penal de sus actores, con una veeduría internacional que garantice la transparencia de dicho proceso. Realizar investigaciones eficaces que revelen los vínculos entre diversos sectores económicos, políticos, y militares con los paramilitares.
Este punto se había mencionado antes. Y si, estoy de acuerdo con que debe ser un objetivo nacional. Vendrá con el conocimiento de la verdad, y previo a la reconciliación.
Reconocimiento integral por parte del Estado de la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, la eliminación de las batidas militares con fines de reclutamiento y reformulación ley 48 de 1993 en función del reconocimiento del servicio social alternativo para la paz.
Siempre he pensado que alguien que porta un arma, es porque se siente capaz de matar a otra persona. No veo sentido en que se obligue a alguien a portar un arma.
El servicio militar obligatorio no tiene sentido, que se unan a las fuerzas armadas los que deseen hacerlo. Esta no es una política que genera beneficios para todos. Es más un año de trauma innecesario para los jóvenes a los que les toca prestar servicio.
Construcción participativa de una política pública integral de respeto y garantía para la defensa de Derechos Humanos.
Implementación de la normativa en materia de Garantías para la defensa de Derechos Humanos en Colombia:
- Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política – SISEP (Decreto 895 de 2017).
- Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los territorios (Decreto 660 de 2018)
- Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida SAT de la Defensoría del Pueblo, (Decreto 2124 de 2017)
Si, el tema de derechos humanos hay que trabajarlo mucho en este país. Aquí hay enlaces a los tres decretos mencionados:
- Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política – SISEP (Decreto 895 de 2017).
- Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los territorios (Decreto 660 de 2018)
- Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida SAT de la Defensoría del Pueblo, (Decreto 2124 de 2017)
Del sistema de alertas hemos oído mucho. No se si es que el personal de comunicaciones de la Defensoría es muy eficiente, pero se ve sus alertas en los medios. No pasa igual con las implementaciones del SISEP o del Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades.
Al leer los decretos, creo que incluyen todo lo que esperaríamos de estas políticas. Están escritas con todo lo que desearía que tuvieran, al punto de que suenan irreales de lo perfectas que se ven en papel.
Ya como ciudadano, mi cuestionamiento va a, ¿cómo puedo hacer seguimiento de estas implementaciones y reclamar cuando no se estén cumpliendo? ¿Cuales son las fuentes que debo empezar a seguir, y cómo hacer control sobre el avance?
7. DERECHOS DE LA MADRE TIERRA
Definición de las políticas ambientales, minero-energéticas, de protección de páramos, demás ecosistemas esenciales para la vida y de la biodiversidad, con las comunidades indígenas, población negra, campesinos, habitantes del territorio, habitantes de páramo, organizaciones ambientales y sindicatos del sector.
No he notado un movimiento significativo de personas negando los cambios climáticos en Colombia. Aquí parece que estamos de acuerdo en que la emergencia existe, y que hemos afectado muy negativamente el ambiente. Nuestra discusión está más entre que la dirección de que el desarrollo económico requiere de ese sacrificio en recursos naturales, y que no es aceptable la destrucción sin importar la excusa. El mundo entero se va moviendo, lentamente, hacia el camino de desarrollo sostenible, entendiendo la importancia de la protección del medio ambiente. Estoy de acuerdo con esta solicitud del pliego del Comité del Paro. Esta debe ser una prioridad nacional.
Reconocimiento al carácter vinculante y decisorio de las consultas populares y los acuerdos municipales en defensa del agua, la vida y el territorio.
Creo que esta petición tiene mucho de que se proteja a los más débiles, de aceptar que las comunidades no están de acuerdo con que el desarrollo económico sea más importante que el medio ambiente, y con la necesidad de no poner los intereses económicos sobre los derechos de los ciudadanos. En Colombia, desafortunadamente, hay ese sentimiento de que los "pobres" son "como niños", que no pueden decidir por sí mismos y que hay que decirles que hacer, llevarlos de la mano o a rejo, como sea necesario. Esa falta de respeto con los ciudadanos, hay que acabarla. No es aceptable.
Prohibición total del Fracturamiento Hidráulico (fracking) y cancelación de los proyectos pilotos.
Declaración de emergencia climática y ecológica; avance decidido en la transición energética justa, cambiando el modelo energético de manera progresiva, que respete los derechos de la naturaleza y los Derechos Humanos.
Reconocimiento del agua como derecho humano fundamental, bien público y común, garantizando su flujo natural.
Protección de las selvas y la Amazonía como sujeto de derechos. Garantizar la protección de ecosistemas estratégicos, incluyendo el territorio Amazónico, a partir de modelos concertados entre el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, con las comunidades campesinas y étnicas del territorio, la ordenación del territorio en términos socioambiental, tomando como instrumento de planeación la Zonificación Ambiental Participativa (ZAP) y fortaleciendo la confirmación de Zonas de Reserva Campesina y Resguardos Indígenas.
Estos puntos, relacionada con algunos anteriores. Cuidado del medio ambiente, y derechos de los ciudadanos por encima de los intereses económicos. Es un reto en todas partes del mundo, y aquí también debe ser un objetivo nacional.
Percibo además que considerar los ríos como sujetos de derecho, por ejemplo, abre caminos jurídicos para permitir la protección de selvas, páramos, ecosistemas. Yo me pasé varias semanas muy orgullosa con esta sentencia de los ríos, que me pareció sorprendemente “progre” para Colombia. ¿No les pasó?
Prohibición del uso del glifosato para la fumigación de cultivos de uso ilícito.
Aquí, además del ambiente y el derecho de los ciudadanos, está el tema de la guerra contra el narcotráfico. Creo que esa guerra va a estar siempre perdida, y más nos vale no darla.
En mi opinión, el único camino aquí es la legalización y el tratamiento de la adicción como una enfermedad.
Prohibición de actividades de alto impacto y de mediana y gran minería en los páramos y otros ecosistemas esenciales para la vida, respetando las actividades ancestrales de las comunidades rurales que han habitado estos territorios históricamente.
Este punto, relacionada con algunas anteriores. Cuidado del medio ambiente, y derechos de los ciudadanos por encima de los intereses económicos. De acuerdo, como he dicho antes.
Firma, ratificación e implementación del Acuerdo de Escazú.
El Acuerdo de Escazú, en mi entendimiento, garantiza a los ciudadanos interesados la información sobre temas ambientales, para que puedan participar en las decisiones que les afectan. El acceso a la información, es a mi juicio, el primer paso en lograr transparencia. Así que, sin ninguna sorpresa, estoy de acuerdo con esta petición. En mi opinión, Colombia debe ratificar e implementar el Acuerdo de Escazú.
Formulación de una nueva política ambiental que contemple la reforma al Sistema Nacional Ambiental – SINA y al proceso de licenciamiento ambiental, con enfoque proteccionista.
Construcción de una política de gestión integral de residuos sólidos que tenga en cuenta las asociaciones de recicladores y prohíba los plásticos de un solo uso.
Se que hay algunos avances en estos puntos. Sentencias de la corte que van abriendo el camino. Pero estoy de acuerdo con que sean objetivos nacionales.
Mucho de que logremos estas reformas, requiere de un Congreso distinto. Hoy, muchas de las “curules” se compran. Los honorables representantes no tienen miedo de que el electorado les quite el voto por apoyar propuestas impopulares o incluso dramáticamente en contra de los votantes. Tenemos un largo camino por recorrer aquí.
Conformación de Mesa de conflictos por extractivismo y transición energética.
Esta idea de una Mesa de conflictos, me dió ideas. No se realmente cual es el alcance que el Comité del Paro le está dando, pero yo imaginé escenarios en que se tienen profesionales en negociación y resolución de conflictos, dando elementos a los miembros de la mesa, de cómo lograr acuerdos aceptables para todos. Este ejercicio se puede llevar, no solo a temas ambientales, sino a múltiples situaciones de conflicto que tenemos en Colombia. ¿Se imaginan réplicas de estas mesas a nivel regional y local? ¿que ante un conflicto, sea posible realmente sentarse a hablar y lograr acuerdos?
Tendría que tener algún carácter vinculante, como cuando uno se somete a un arbitraje de un contrato. Sólo que no se trata de contratos, sino de los temas del día a día que nos complican la vida.
Bueno, no se. Sólo me divertí soñando que algo como esto era posible.
8. DERECHOS POLÍTICOS Y GARANTÍAS
Realización de un nuevo censo de población que visibilice y reconozca a las Comunidades negra, afrocolombiana, raizal y palenquera.
El que no se incluyan grupos de personas en el Censo, con la argumentación de que su acceso es difícil y costoso, justamente muestra la importancia de incluirlos. Es posible complementar el Censo, con estudios posteriores, que se pueden hacer con las mismas comunidades. No creo que un país como Colombia puede darse el lujo de no contar a quienes más necesitan del apoyo del estado. Creo también que se necesita ser más creativos en las formas de hacer las cosas, pues esos contratos estatales gigantescos no dan pie a ver cada caso especial y cómo se debe revisar. Cada comunidad que “no fue contada”, tiene que tener un tratamiento especial.
Desarrollo de un marco normativo, financiero e institucional para garantizar la autonomía jurisdiccional y administrativa, de los territorios colectivos titulados a comunidades étnicas.
Conozco poco sobre este tema, pero sospecho que la normatividad existe y lo que no hay es una implementación adecuada de la norma. Estoy de acuerdo con esta petición del Comité del Paro. Nuevamente, la protección de los más vulnerables, debe ser prioritaria.
Cese de todos los tipos de violencias contra las mujeres, desde la concreción de políticas públicas con enfoque de derechos de mujer y género, así como acoger los acuerdos internacionales en protección de la vida y derechos de las mujeres.
Esto es parte de un objetivo de desarrollo sostenible, el 5. Se entiende como un reto a nivel mundial. Entiendo que lo que pide el Comité del Paro es que se ejecuten las acciones que avancen este objetivo lo más posible. Se que se ha ridiculizado mucho este pliego, y mucho tiene que ver con la redacción del mismo. Casi que creo que es obvio que no se está requiriendo que el gobierno, de forma mágica, cumpla en unos meses uno de los retos mundiales. Duque no va a lograr que se elimine toda la violencia a la mujer, aún si ese fuera su único objetivo de gobierno. Simplemente, porque es una meta muy grande, con muchos niveles e implicaciones. Pero mi entender es que lo que se pide es que el objetivo se priorice y las acciones para conseguirlo, se mantengan de forma consistente.
9. AGRARIA, AGROPECUARIA Y PESQUERA
a. Tramite con las diferentes comunidades campesinas y organizaciones del sector agrario, agropecuario y pesquero, los temas relacionados con las necesidades del sector, entre estos la revisión de los Tratados de Libre Comercio, OCDE y, todo lo relacionado con la economía campesina, pequeños y medianos empresarios y productores agrícolas nacionales y, pescadores continentales y marítimos, la soberanía alimentaria.
Creo que hay muchos apartes de los tratados de libre comercio que no benefician a la población en Colombia. Un caso muy conocido y que genera profunda indignación, es que los campesinos “no pueden” almacenar sus propias semillas y deben comprarlas para cada cosecha.
Creo que las poblaciones campesinas son vulnerables, y por lo mismo, requieren de todo el apoyo del estado. Incluso, que si no se puede justificar por temas morales, pues se puede justificar en un tema de seguridad alimentaria o de tecnificación del campo para lograr mayor eficiencia. Sea cual sea su motivación, proteger el campo, es importante para el país.
Adoptar la Resolución A/C.3/73/L.30 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales
En mi entendimiento, la Resolución fue aprobada por mayoría. Colombia se abstuvo de votar, y sospecho que la abstención se hizo sólo para no “molestar” a USA, que votó en contra. La Declaración incluye mucho de lo que se ha estado hablando aquí, de garantizar los derechos a las poblaciones rurales. Es incluso explícita en decir que, por ejemplo, el acceso a las semillas es un derecho de los campesinos. En esa medida, se entiende porque los paises desde los que se controla los intereses económicos de las multinales de agroindustria, no estaban de acuerdo con el texto.
Pero la declaración es realmente interesante. Me recuerda porque tengo tanta admiración por el concepto de la ONU: con mucha frecuencia la ONU con sus declaraciones nos recuerda a los humanos, como ser humanos.
Reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos políticos. Cumplimiento integral de la sentencia STP 2028 de la Corte Suprema de Justicia
Este tema de ser sujeto de derechos políticos está también incluido en la resolución de la ONU, pero en particular, esta sentencia es una tutela, en que se pidió al DANE incluir a la población campesina en el Censo. Al final lo que se dijo es que ya era tarde para este Censo, y además el tema era costoso y lo que se obliga es que se incluyan las poblaciones campesinas en el siguiente Censo.
Estoy de acuerdo, como indicaba antes con las poblaciones afrodescendientes, de que es imperativo “contar” a todos, para que precisamente, cuenten. Creo que se pueden adelantar muchas acciones para complementar la información del Censo y que no tienen que tener la escala y complejidad que el DANE indica. Si, efectivamente, puede tomar 4 años hacer el estudio para definir qué es “ser campesino en Colombia”, pero también se puede hacer en 6 meses y viendo cada comunidad. Al final es un tema de voluntad política, que no ha habido, para incluir a todas las poblaciones en los censos. Algo que necesitamos urgentemente.
Cumplimiento del Artículo 253 del Plan Nacional de Desarrollo referente a la construcción participativa de la Política Pública del Campesinado Colombiano.
Adoptar una política de reforma agraria integral.
Promoción y apoyo a los mercados campesinos y agroecológicos, seguros de cosecha, compras públicas con normas para organizaciones locales de pequeños y medianos productores.
Adoptar políticas de defensa de la producción agropecuaria nacional, asistencia técnica, reducción de precios de fertilizantes, precios justos, remunerativos y estables, proyectos productivos, y revisión de los impuestos al agro.
Financiación y crédito agropecuario. Condonación de deudas y acceso a mecanismos de financiación, subsidios y créditos de bajo interés.
Protección a semillas propias y nativas.
Reconocimiento y desarrollo de figuras territoriales campesinas y de pueblos indígenas y negros. Respeto a su ordenamiento territorial, tierras y territorio.
Condiciones especiales para el acceso del campesinado a los sistemas de seguridad social integral.
Política de Formalización del empleo campesino y agropecuario
Plan Nacional de Salud Rural en su totalidad con presupuesto asignado, con énfasis a la atención en las mujeres rurales, históricamente invisibilizadas, relegadas y discriminadas en la atención en salud, así como en los beneficios de estrategias de salud rural comunitaria. Articular el PDET en el pilar salud junto al PNSR.
Garantías de acceso y propiedad de la tierra y el agua para las mujeres campesinas.
Constitución de una mesa para la discusión de garantías para el ejercicio de la pesca artesanal continental y marítima.
Estoy de acuerdo en la necesidad de implementar cada uno de estos puntos que solicita el Comité del Paro. La mayoría están incluidos en el texto de la Resolución de la ONU, o se han incluido en resoluciones o normativas anteriores que aún no se implementan.
El pliego del Comité del Paro es largo, porque incluye muchas veces los mismos temas, procurando que no se olvide alguno de los enfoques diferenciales.
10. CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS ENTRE EL GOBIERNO, Y PROCESOS Y ORGANIZACIONES
El Gobierno reactivará e iniciará de inmediato con los sectores, procesos y organizaciones respectivas la implementación y cumplimiento de los acuerdos firmados por los anteriores y el actual Gobierno con:
- Estudiantes universitarios
- Organizaciones indígenas
- Comunidades negra, afrocolombiana, raizal y palenquera
- Organizaciones sindicales estatales
- FECODE
- Madres comunitarias
- Sectores campesinos y agrarios
- Movimiento social de mujeres
- Movimiento de víctimas
- Transportadores
- Población con discapacidad
- Organizaciones de derechos humanos
- Minga social por la defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz
- Mesa Única Nacional del Decreto 870 de 2014. Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular.
- Asociación Colombiana de Campesinos
- Mesa Campesina del Cauca.
- Mesa de Derechos Humanos por la Defensa de la Vida y el Territorio en el Departamento del Cauca.
- Paro cívico del Chocó
- Paro cívico de Buenaventura
- Paro cívico de Tumaco
- Comunidades negras del Norte del Cauca
- Acuerdos obtenidos con las mujeres indígenas del CRIC que han sido atropelladas en diferentes formas
Cualquier acuerdo hecho es de carácter vinculante. Asumo que se ha realizado como parte de una negociación que consideró todos los puntos y logró acuerdos aceptables para todos.
Ya es la “palabra empeñada”, y se necesita que los ciudadanos confíen en sus gobernantes. Así que estoy completamente de acuerdo con que se deben cumplir los acuerdos realizados, y por lo mismo, estoy de acuerdo con la petición del Comité del Paro.
Nuevamente, creo que hay que ejercer mucha presión social para cambiar las condiciones actuales. No tenemos gobernantes o representantes que le teman a sus votantes. Pero, hay que convertir cada voto en uno de opinión. Un día a la vez. Si algo nos muestra este gran paro, es que es posible ir organizándonos como sociedad civil, para tener estos escenarios. Nos falta mucho, pero hemos empezado.
11. RETIRO DE PROYECTOS NORMATIVOS
Retiro del proyecto de ley de Crecimiento Económico, reforma tributaria en tránsito en el Congreso de la República. (No. 278 de 2019 Cámara – 227 de 2019 Senado), abstenerse de sancionarlo si ya hubiese agotado su trámite legislativo o proceder con su derogatoria inmediata.
El Gobierno se abstendrá de tramitar la reforma al sistema pensional. Garantizará un sistema de protección social a la vejez público y solidario. El enfoque de protección a la vejez no puede ser hacia sistemas contributivos o semi-contributivos individuales.
El Gobierno se abstendrá de realizar reformas laborales que desmejoren los derechos y garantías contemplados en el ordenamiento jurídico, actualmente. Especialmente se abstendrá de regular el trabajo por jornal o por horas, establecer salarios mínimos diferenciados por sectores o para jóvenes o de otro tipo, o flexibilizar la estabilidad laboral.
12. DEROGATORIA DE NORMAS
Derogatoria de los artículos 83, 193, 198, 240, y 242 de la ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo.
Derogatoria del impuesto o Tarifazo Nacional relacionado con el tema Electricaribe.
Derogatoria inmediata del decreto No. 2111 de 2019, por el cual se crea el Holding Financiero.
Derogatoria de la Circular no. 049, de 2019, sobre estabilidad reforzada.
Derogar Ley Naranja, Ley 1834 de 2017 y Ley TIC, Ley 1978 de 2019.
Derogar Ley Zidres, Ley 1776 de 2016.
13. CONSTRUCCIÓN NORMATIVA.
Creación de espacios de construcción participativa de las siguientes iniciativas:
Creación del Sistema Nacional del Cuidado, y de condiciones pensionales especiales dignas para cuidadores y cuidadoras, en desarrollo de la ley 1413 de 2010.
Concertar el contenido de un Estatuto del trabajo conforme al Artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, que beneficie a la clase trabajadora, en especial a la juventud y sobre la base de principios mínimos fundamentales allí establecidos, así como el respeto al derecho de asociación, la no persecución sindical y respeto por las iniciativas que este desarrolle especialmente en lo referente a Convenciones Colectivas de Trabajo.
Garantizar que la prestación de servicios públicos no se privatice; se revierta a favor del Estado las que ya fueron privatizadas y se reformen las normas necesarias para ello (Ley 142 de 1994, Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones, entre otras).
Actualización del código nacional de tránsito, nuevo código nacional de transporte, nuevo régimen sancionatorio del sector transporte, cambiar el modelo de regulación económico del sector transporte que proteja el pequeño propietario
Reforma participativa del Sistema General de Participaciones
Implementar la ley 1346 de 2009 que acoge la convención del protocolo facultativo para las personas en condición de discapacidad. Suscribir plenamente el protocolo facultativo para personas con discapacidad.
Reglamentar la Ley Estatutaria de Salud.
Todos estos temas normativos, dependen principalmente del Congreso. Nuevamente, no creo que la presión ciudadana será efectiva hasta tanto los representantes teman por sus curules, porque pierden votos. Sólo en escenarios así podría uno parar temas como el Tarifazo.
Esto no se logra sino con ciudadanos educados e involucrados en los procesos, y estamos aún lejos de ese escenario. También se necesita que no sean las compras de votos (a la gente o a los registradores locales), como se consiguen las curules.
No necesariamente creo que todas las normas incluidas aquí deben ser eliminadas, reformadas o que son diabólicas. Pero si creo que tenemos que garantizar que lo votado en el Congreso al menos no está explícitamente en contra del ciudadano. Debe ajustarse a unos principios globales, como por ejemplo, la protección de las poblaciones vulnerables.
Me alegré de haber hecho este ejercicio de leer y opinar de cada punto. Simplemente, porque he puesto mi granito de arena en que al menos mi capital político de un voto (el mío), corresponde a un voto de opinión.
Como decía al comienzo, agradezco a cualquiera que me enseñe y me ayude a ver lo que no estoy viendo. Los temas me interesan, y en serio, quiero conocer más de cada punto.
Y para los que celebran estas fechas, ¡Feliz dia de Reyes!
Dejo esto por aquí, sólo para alegrarlos
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